El viceministro de Justicia, Carlos Medina, indicó este viernes que la discusión sobre las penas perpetuas que se ha propuesto a raíz de la violación y muerte de la niña de siete años Yuliana Samboní debe hacerse, pero con argumentos técnicos y de fondo.
“Las penas largas y duras per se no disuaden la comisión del delito. En los países donde hay pena de muerte hay delito. Uno debería apostarle más bien a la aplicación rápida de justicia. Eso disuade más la comisión del delito que decirle al ciudadano que hay una cadena perpetua o una pena de muerte”, dijo.
Medina indicó que mantener un recluso anualmente cuesta cerca de 15 millones de pesos, mientras que la construcción de solo un nuevo cupo carcelario vale 100 millones de pesos.
“Colombia ha aumentado su capacidad carcelaria en cupos en más del 180 % pero los ingresos al sistema (más presos) han llegado al 316 %”, dijo.
En todo caso, señaló que al final de este gobierno se tiene previsto entregar más de 12 mil cupos nuevos y que para 2022 serán 20 mil nuevos que ya están proyectados.
“Esto es para darle una lectura a la opinión de lo complicado que es ampliar la cobertura carcelaria, pero que se ha hecho, aunque pareciera que nunca será suficiente”, dijo.
Medina explicó que hay muchos reclusos con las penas máximas impuestas y que los costos son elevadísimos por cuenta de alimentación, cobertura en salud, personal de guardia, entre otros.
“Ese recurso se podría invertir en esas mismas personas en resocialización por ejemplo”, dijo. “Lo que hemos propuesto es que a la cárcel se lleve al que se tiene que llevar. En ese sentido se ha dirigido la política pública de los últimos dos años que dará resultados en el mediano plazo”, agregó.
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