El director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz, presentó un informe acerca de la 'Política de resocialización' de los presos de las cárceles colombianas, con el fin de mostrar las problemáticas que se viven allí, las cuáles generan e incrementan costos para el Estado.
El documento identifica como principales problemas la reincidencia y el consumo de estupefacientes dentro de las cárceles. Frente a este primer punto, se establece el panorama colombiano en el que de las 120.668 personas privadas de la libertad, el 15,5 % son reincidentes, tanto condenados y sindicados.
De ese total de personas que han ingresado al sistema penitenciario, el 68 % son condenadas y el 32 % sindicadas, de las cuales se calcula que han reincidido 18.263, lo que representa un costo de 292.409 millones de pesos al año, teniendo en cuenta los gastos de infraestructura, la inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Cárcelarios (Uspec), la nomina, la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los impuestos de ambas entidades, el presupuesto de inversión del Inpec, entre otros, además de los costos variables de implementación del sistema de salud, alimentación, tratamiento y atención, sentencias y conciliaciones.
Frente a la segunda problemática se calcula que el 30 % de los reclusos consumen estupefacientes tanto legales como ilegales, lo que aumenta la probabilidad de reincidencia en un 58 %, según estudios realizados en cárceles de América Latina y de Europa.
A esto se suma que a nivel nacional, las comunidades terapéuticas tienen capacidad de atención de solo el 1,33 % de las personas identificadas con problemas asociados al consumo de drogas ilícitas y solo el 10 % de los centros cuentan con este tipo de servicios.
Así mismo, la inversión en la prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas en cárceles no existía hasta este año en el que se invertirán 183 millones de pesos para aumentar el número de beneficiarios en rehabilitación en las cárceles desde los lineamientos del Ministerio de Salud.
De acuerdo a los resultados del estudio, se evidenció que “por cada peso que se invierte en programas de educación, trabajo y atención a la problemática de abuso y dependencia en el consumo de drogas, el Estado se ahorra 5 pesos”, asegura Gaviria Muñoz.
Los presos en Colombia que tienen programas de trabajo son solo un porcentaje de 2,5 %, por esto desde DNP se propone emitir bonos de Impacto Social para vincular más al sector privado con programas de reinserción, que contribuyan a bajar la reincidencia y a mantener las deducciones en renta bruta hasta del 15 % para las empresas que inviertan en programas de educación y trabajo en las cárceles que vinculen a los internos.
Las ‘Segundas oportunidades’, que en palabras del director del DNP, no “deben ser solo para la guerrilla”, se materializarán a través de proyectos productivos y de empleabilidad que incluyan a los internos de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.
El funcionario recomienda utilizar los sistemas de información y estrategias de Big-Data, que lidera junto con la Fiscalía General de la Nación, para la medición de reincidentes, y la evaluación y seguimiento de los programas de resocialización para evidenciar y registrar las dificultades, y tomar decisiones de política criminal.
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