La Corte Constitucional solicitó a la opinión de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en el marco del estudio automático de la Ley de Amnistía que se aprobó mediante el procedimiento de vía rápida conocido como '‘fast track'' en el Congreso.
En el auto de decreto de pruebas firmado por el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se estipuló que el plazo reducido a tres días para que los ciudadanos intervengan en la revisión de esta Ley es muy corto y se decidió que será de diez días.
"Ese plazo llevaría a impedir que se alleguen documentos de intervención lo suficientemente representativos de las diversas posturas acerca de la exequibilidad de la Ley en referencia, lo cual iría en perjuicio del carácter participativo del control de constitucionalidad", dice el auto.
En ese sentido, se solicitó concepto a la Presidencia de la República, al Movimiento Voces de Paz y al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, mientras que los Secretarios de la Cámara de Representantes y del Senado deberán aportar las Gacetas y la documentación relacionada con las proposiciones mediante las cuales se dio por refrendado el último Acuerdo Final con las Farc.
Igualmente, deberán aportar todos los documentos relacionados con el trámite de la Ley de Amnistía, como las fechas de sesiones de discusión y votación, el quórum deliberatorio y decisorio, el número de votos con los que se aprobó, entre otros.
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