La Sala Plena del Consejo de Estado tumbó una de las sanciones impuestas por la Procuraría General de la Nación, a la exsenadora Piedad Córdoba, por presunta asesoría a las FARC, en hechos ocurridos en 2008.
Según el alto tribunal, Córdoba fue sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.
De la misma manera, se afirma que las pruebas recolectadas por el procurador Ordóñez se basaban en los computadores de Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes', el canciller de las FARC, muerto tras un bombardeo ejecutado por el estado colombiano en un campamento que la guerrilla de las FARC tenían en Ecuador, esto en el marco de la llamada Operación Fénix.
La sanción fue tumbada por 17 votos a favor y 6 en contra de la ponencia del magistrado William Hernández en la que pedía anular la destitución a la exparlamentaria.
En su ponencia el magistrado argumentó que la Corte Suprema de Justicia en su momento había declarado la ilegalidad de la información recolectada en los computadores incautados en el operativo donde se dio de baja al jefe guerrillero, argumento central de Hernández, y que fue tenido en cuenta por la Sala Plena del alto tribunal.
La Procuraduría destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las FARC, grupo ilegal al que, según el fallo del ministerio Público, asesoró políticamente.
UNA SEGUNDA INHABILIDAD
Aun la exsenadora Córdoba tiene otra sanción de destitución e inhabilidad por 14 años impuesta por el Ministerio Público por entregar 25 millones de pesos a la campaña del entonces candidato a la Cámara, Ricardo Montenegro.
Este fallo contra Córdoba se derivó de denuncias del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una aportación económica que ella hizo en 2010 a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico en las elecciones legislativas de aquel año.
El Consejo de Estado citó a audiencia pública por este proceso, el próximo 14 de septiembre, para que se expongan los argumentos, con los que Córdoba busca tumbar su segunda inhabilidad, y así tener de nuevo la posibilidad de volver a la política.
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