Imagínese que está en medio de un desfile, rodeado de personas armadas con pólvora, espuma y harina. Imagine que usted no es espectador sino marchante, que es una chica y lleva un vestido lleno de lentejuelas, mostrando su abdomen y con un gran escote; va marchando con unos zapatos que tienen 10 centímetros de tacón y baila al son de la música, porque hace parte del show.
Ahora ubíquese en el semáforo de la India Catalina, como si viniera del parque Apolo y quédese quieta porque están pasando los articulados de Transcaribe. Quédese quieta y mire cómo se van metiendo espectadores a la zona de los marchantes, se acercan a usted y le piden una foto, pero además de abrazarla le tocan la nalga y otros más atrevidos le rozan los senos.
Pídale ayuda a los uniformados que están cerca de usted y quédese esperando la ayuda, recuerde que no hay vallas y corra hacia el punto de encuentro porque los ataques con espuma y pólvora cada vez son más fuertes.
Lo que viven
Lo descrito anteriormente fue lo que vivieron los grupos LGTB que se presentaron en la pasada Marcha de la Independencia y las Diversidades, el 9 de noviembre pasado. “Abuso sexual, tocamientos, agresiones con ‘tres golpes’, entre otras cosas, hicieron que a mitad de recorrido los marchantes tuvieran que salir corriendo hasta El Pedregal, porque no los estaban respetando, ni había quien los cuidara”, explicó Christian Howard Hooker, vocero de la Mesa LGBT, organizadora del evento.
El mal comportamiento, que ya preveían, empeoró por la ausencia de medidas de seguridad, como vallas alrededor del recorrido o mayor presencia policial. Medidas que, según Howard, llevan años pidiendo y nunca les brindan.
Él y Gissele Ramos, ex Reina de la Diversidad, nos contaron las deudas que la ciudad y la administración distrital tienen con este evento.
Nueve marchas
La primera marcha por la diversidad, enmarcada en las Fiestas de la Independencia, fue en el año 2009 bajo la administración de Judith Pinedo. Lo que fuera un impulso institucional por fomentar el respeto a esta comunidad, se convirtió año tras año en un espacio de legitimación, aunque con menos protección que otros eventos, así como constantes cambios en las rutas y puntos de llegada.
En los archivos de El Universal hay registros de los inconvenientes que surgen antes y durante el evento, como en 2013, cuando se tenía previsto un remate en la Plaza de la Aduana y no pudo hacer porque la Alcaldía había dado permiso para otra actividad del Reinado Nacional de Belleza.
En 2015, la Secretaría de Participación y Desarrollo denunció que varios policías de tránsito agredieron física y verbalmente a varios miembros de la comunidad, porque según los uniformados no se contaba con los permisos para llegar hasta el punto de cierre.
El año pasado, el concejal Antonio Salim Guerra solicitó a la Alcaldía que la marcha fuera privada, “puesto que afecta el normal desarrollo sexual de los menores de edad”. Las organizaciones LGBT convocaron a un plantón, varios concejales aseguraron que la petición de Salim Guerra no representaba a la colectividad; finalmente, la Oficina Jurídica del Distrito definió que no había ninguna violación a derechos fundamentales de los niños y que privatizar el evento significaba discriminación, por lo que finalmente se negó la solicitud del concejal.
La gente
La Mesa LGBT insiste en que solicitaron que del presupuesto de este año se destinara algo para formación de la ciudadanía, que es finalmente quien asiste al evento. “Iban a recibir formación para que entendieran que las movilizaciones son importantes porque muestran cosas, pero más allá hay un contenido, un reclamo de respeto, que final y tristemente nunca pasa”, destacó Howard.
Gissele Ramos, quien fue reina de la diversidad y hace parte de la Mesa LGBT con su colectivo Macabras Empoderadas, aseguró que no puede ser que continúe la victimización contra las mujeres transexuales y en general contra la comunidad.
“No había garantías para que la mujer trans se sintiera libre en una marcha a la que salimos para que el pueblo cartagenero note que somos visibles dentro de esta sociedad. Le faltó muchísimo a la policía en cuanto a la seguridad, nos fallaron, había muy pocos policías, no había vallas de seguridad (...) salí dolida con esas instituciones que no quieren brindar garantías”, manifestó.
Cientos de personas rodeando una marcha, cuya presencia policial fue de 60 uniformados, tenía que resultar en agresiones. Pero Howard y Ramos coinciden en que el acompañamiento institucional solo sería una fase para garantizar los derechos de quienes se movilicen ese día. “El Distrito tiene que empezar un proceso largo de formación humana alrededor del respeto y el reconocimiento, no solo de la población LGBT sino de todos los actores festivos que salen a los escenarios a marchar”, concluyó Howard.
Recursos y promesas
Este año, explicó Howard, el problema comenzó con el presupuesto. “Siempre pasa que cuando llegamos a noviembre las entidades del Distrito se tiran la bolita de la responsabilidad porque el IPCC es la que se encarga de la representatividad institucional, porque acoge la movilización en las fiestas, pero los recursos económicos están en la Secretaría de Participación, específicamente en la Oficina de la Mujer y este año nos dijeron que no había recursos”. Christian señaló que aunque desde junio empezaron mesas programáticas con la Defensoría del Pueblo, el IPCC, la Secretaría de Participación y la Policía, el resultado fue el mismo: recursos tardíos y poca presencia policial.
Además, por el cambio en el sitio de remate, que se había previsto en la plaza del Joe y se movió a El Pedregal, tuvieron problemas para la instalación de la tarima, hasta el punto que debió acercarse el secretario del Interior, Fernando Niño, a garantizar los permisos.
El Universal se comunicó con Carolina León, coordinadora de la Oficina de la Mujer, para que explicara la forma cómo se manejan los recursos de la marcha y diera respuesta a otras inquietudes, pero dijo no estar autorizada para dar esa información.
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