Tras siete años y cinco días de la acción popular, sigue siendo incierto el traslado del mercado de Bazurto, así como el cumplimiento de los compromisos que durante ese tiempo se le han ordenado a los entes estatales que tienen que ver con dicha orden judicial. Mientras tanto, en sectores como Martínez Martelo catalogan ese proceso como una ‘mamadera de gallo’.
Desde aquel 25 de noviembre de 2010, cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar falló a favor de los accionantes una acción popular que ordenó al Distrito a realizar “los estudios necesarios para efectuar el traslado del mercado de Bazurto a otra zona de la ciudad (…)”, ha corrido mucha agua bajo el puente, o por la Ciénaga de las Quintas, hablando literalmente.
A esta época, cuando desde el 2010 por el Palacio de la Aduana han pasado nueve alcaldes (elegidos y encargados) el mercado de Bazurto no solo sigue siendo esa verruga en la frente de Cartagena, sino que cada vez son más fuertes las órdenes que da el Juzgado Doce Administrativo de Circuito de Cartagena a los implicados en el traslado de Bazurto. Ese despacho fue el que declaró el desacato de la acción popular (13 de febrero de 2013),
Últimas tareas
Las últimas tareas las fijó el citado juzgado el pasado 23 de octubre de 2017, en la última audiencia de verificación de cumplimiento de la acción popular referida.
La primera orden que dio la jueza Leidys Liliana Espinosa Valest fue al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, cuya presencia es indelegable en los comités de seguimiento. Londoño, para la próxima reunión de verificación, deberá presentar informes con indicadores de gestión que reflejen las consecuencias de las acciones desplegadas para el traslado físico del mercado de Bazurto, la caracterización de los comerciantes y la formulación del plan de gestión social, la mitigación de la problemática ambiental, de seguridad, movilidad, espacio público y urbanismo.
A la Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto Marítima, a la Capitanía de Puerto y al Comando de Guardacostas de la Armada Nacional se les oficiará para que, en un mes, realicen una inspección técnica a las embarcaciones que se encuentran atracadas en la Ciénaga de las Quintas, y se determine si estas ocupan de forma indebida terrenos de bajamar y a qué autoridades le correspondería la restitución de dichas zonas.
Además, al alcalde Londoño y a Aguas de Cartagena se les requirió que en un mes determinen si en los sectores del Barrio Chino, mercado de Bazurto y Martínez Martelo existen usuarios no conectados al sistema de alcantarillado.
Al director de Cardique y a la directora del Establecimiento Público Ambiental, EPA, el Juzgado les ordenó para que “de forma célere” coordinen y ejecuten las actividades que se requieran para la relimpia de los canales y drenajes que desembocan en la Ciénaga de las Quintas.
Además, ordena una reunión mensual entre el Distrito, Cardique, EPA y el Ministerio de Ambiente para que en el ámbito de sus competencias determinen las actividades a seguir para lograr el restablecimiento del orden ecológico y mejorar las condiciones de salubridad de la Ciénaga de las Quintas. “En la próxima reunión del comité de verificación se hará seguimiento a las actividades desarrolladas para el manejo ambiental de la ciénaga, debiendo presentarse indicadores de gestión que reflejen las consecuencias de las acciones desplegadas por cada una de las entidades”.
El Distrito también tiene la tarea de adelantar reuniones de trabajo, en asocio con la comunidad del barrio Martínez Martelo y de las barrios ubicados en el área de influencia del mercado, comerciantes y vendedores ambulantes con el fin de mitigar la problemática ambiental (basuras, fumigación), de seguridad, movilidad, espacio público mientras se “surte el traslado del mercado de Bazurto”.
El próximo comité será en diciembre.
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