Cuál es el subsidio de arriendo que los constructores de los 16 edificios en riesgo deberían pagar a las víctimas, “mientras dura la situación de calamidad y se logran las indemnizaciones o acciones a que haya lugar”, es lo que tiene que definir la Superintendencia de Industria y Comercio, por solicitud del alcalde (e) Sergio Londoño.
Así lo explicó en la tarde de ayer el delegado de la Superindustria, Pablo Robledo, al término de una reunión con el mandatario y otras autoridades del Gobierno nacional.
Anotó que esta entidad también tiene que definir “qué habría que hacer por parte del Distrito de Cartagena, en el evento, y ojalá que así no sea, que los constructores incumplan la orden de dar los subsidios; cuáles serían los subsidios a cargo del Distrito”.
Robledo señaló que se está realizando una indagación preliminar “para determinar la responsabilidad de los constructores en la violación del régimen de protección de los consumidores”, que consistiría en no haber puesto en el mercado bienes seguros que respondan por la garantía de calidad e idoneidad. De ser considerados responsables, las sanciones a las firmas constructoras podrían ser de hasta $1.500 millones.
El funcionario solicitó a las víctimas acudir a la Casa del Consumidor, en la plaza de la Merced, frente al Teatro Adolfo Mejía, “para que les brinden asesoría, porque tienen que presentar demandas judiciales si quieren protección del Estado colombiano”.
Otra medida
Londoño anunció además que solicitó a la Superintendencia Financiera “instaurar una mesa de trabajo con las víctimas para determinar las acciones con respecto a las entidades financieras y los créditos otorgados a las personas”. Y a la Fiscalía “continuar con las investigaciones en contra de estos constructores para dar resultados”.
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