La Universidad Nacional continuará estos próximos días con la aplicación de estudios estructurales y de sismorresistencia en otros seis edificios construidos ilegalmente por el clan Quiroz.
Esto se dio luego que los copropietarios, tras una reunión entre el Distrito y las alcaldías locales, decidieran evacuar sus apartamentos para que un equipo de ingenieros realice las labores con más garantías, teniendo en cuenta los resultados de los cuatro edificios ya evaluados por la Universidad Nacional, que indicaron que las estructuras “evidencian malas prácticas de ingeniería en cuanto a técnicas y procesos constructivos, ausencia de capacidad de los elementos estructurales por deficiencias en el diseño estructural y baja calidad de los materiales empleados”, por lo que existiría alto riesgo de colapso.
El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, le explicó a El Universal que en este momento están tramitando los pagos para que las familias puedan desocupar los edificios.
“Tras las dudas y reclamos de algunos de los afectados, se establecieron unas reuniones en las diferentes localidades, con cada una de las edificaciones, en las que participaron los entes de control (...) Luego de estas reuniones, los residentes de seis edificaciones más manifestaron su voluntad de evacuar y en este momento nos encontramos en el proceso de recolección de documentos para realizar el pago y programar la entrega de los edificios. Los que serán próximamente evaluados por la Nacional son: Villa May y Brisas de Blas de Lezo, en Blas de Lezo; Innova y Tsalach, en el Alto Bosque; Brisas de los Alpes, en Los Alpes, y Villa Vanessa, en Escallón Villa”, dijo el mandatario.
Pereira puntualizó que hasta la fecha se han realizado 80 pagos y están en trámite otros 40.
Antecedentes
En el 2017, el Distrito contrató los estudios para las 16 edificaciones identificadas de la constructora Quiroz, cuyo informe entregó la Universidad de Cartagena en diciembre del año pasado. El resultado fue negativo, por lo que les informaron a los copropietarios sobre la necesidad de una evacuación voluntaria, medida que dio un giro repentino luego que en enero pasado el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le ordenara a través de un oficio al entonces alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, que se realizara el desalojo inminente de estas propiedades, lo que causó un choque entre el Distrito y los afectados que llegó a instancias judiciales.
Por esto se decretó el estado de calamidad pública y se establecieron las medidas para el cumplimento de la orden judicial impartida por la juez Tercera Penal Municipal con funciones de control de garantías a favor de los afectados, como lo fue que el Distrito empezara el proceso de la contratación para aplicar un segundo estudio estructural a los edificios, otro para el avalúo de los inmuebles afectados, la vigilancia, el pago de un subsidio de arrendamiento, entre otros.
El Distrito a mediados de este año firmó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional para la aplicación de un segundo estudio, pero los residentes se oponían a salir de sus apartamentos.
Solo hasta hace pocos meses se concretó la evacuación completa de cinco edificaciones, en las cuales cuatro fueron objeto de intervención por parte de la Universidad Nacional, en una de estas se suspendió la exploración por una orden judicial. Los edificios en cuestión son Villa Mary y Shalom, en El Recreo; Portal de Blas de Lezo I, en Blas de Lezo; y Alpes 31 y Portal de Los Alpes, en Los Alpes.
Con los primeros diagnósticos la Universidad Nacional ratificó que había un riesgo latente, por lo que el alcalde (e) ordenó evacuar los edificios de los Quiroz. Hasta el momento el proceso continúa.
Las quejas
Apoderados de algunos copropietarios de apartamentos manifestaron que el presupuesto que destinó el Distrito para atender esta situación ha sido mal manejado, ya que contrataron vigilancia privada en los apartamentos que es “fantasma”, ya que los edificios han sido desvalijados y los vigilantes nunca están. Además, reprocharon que hasta el momento se habría pagado solo a un 40 % de las familias afectadas.
Por otro lado, quienes decidieron salir voluntariamente de sus apartamentos y recibieron un subsidio de arrendamiento tuvieron que retornar, ya que el auxilio del Distrito no se había prorrogado.
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