Desde que comenzó la etapa comercial de Transcaribe, el 27 de marzo de 2016, hasta el 30 de junio de este año, se han chatarrizado 663 buses y busetas de nueve rutas del Transporte Público Colectivo (TPC). Igual número de propietarios han recibido el pago por la desintegración de sus vehículos.
Este año el objetivo es chatarrizar 200 buses y busetas más, por lo que cursa en el Concejo de Cartagena un proyecto que busca un empréstito por $20 mil millones. La semana pasada fue el primer debate, en el que se generaron dudas con respecto al manejo de este proceso. El Universal se dio a la tarea de buscar cuánto ha sido la inversión, cuánto ha aportado cada uno de los tres operadores, qué rutas fueron sacadas de circulación y cuáles son las próximas en salir.
Inversión por operadores
Transcaribe, ente gestor, tiene tres empresas encargadas de la operación del sistema: Transambiental, Sotramac y Transcaribe operador. Esta última es manejada también desde el ente gestor y fue la tabla de salvación cuando el proyecto no lograba convocar a una tercera empresa interesada en la operación.
Cada una de las concesiones tiene unas responsabilidades, en adquisición de vehículos, en la operación del sistema y en la chatarrización. Por eso son las que “alimentan” el Fondo Unificado de Desintegración y Operación (FUDO), que es donde están los recursos para la desintegración de vehículos del TPC.
Transambiental ha aportado para la chatarrización, desde octubre de 2016 hasta marzo de 2018, $51.933.120.179. De estos recursos, 4.320.334 han sido en compensaciones. ¿Qué quiere decir?: la compensación es cuando el propietario de un vehículo que es chatarrizado es socio de una de las empresas operadoras, y el acuerdo es aportar lo que se le reconozca por la chatarrización, en ese caso el pago del vehículo regresa a la empresa.
Sotramac ha aportado al FUDO $43.320.428.409. Su primera consignación fue en septiembre de 2015 y la última en septiembre de 2017. De estos recursos, 11.430.532.401 ha sido por compensación.
Transcaribe operador es el que menos recursos ha aportado para la chatarrización, con 37.818.280.569, sin compensaciones. El primer aporte fue en junio de 2016 y el último en octubre de 2017.
A corte del 30 de junio de 2018, se habían hecho reconocimientos económicos por $91.554.960.054, y se habían validado compensaciones por $11.481.532.401.
Vehículos chatarrizados
Las rutas que se han cancelado y cuyos vehículos se han desintegrado son tres. Estas tenían pocos buses y cubrían los sectores Torices, Daniel Lemaitre, La María y La Esperanza; El Pozón - Crespo; El Pozón - Centro; Socorro - Jardines; Blas de Lezo - Centro; Ternera - Villagrande - El Laguito; Olaya Herrera - Centro, y se alcanzaron a chatarrizar algunos microbuses, proceso que continuará después de la respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar al recurso de apelación interpuesto por Transcaribe, que ordena continuar con la desintegración de estos vehículos.
Según aseguró Transcaribe, aún faltan por chatarrizar 929 vehículos, para lo que se requieren $134.980.727.170.
Con el anuncio de que la ruta de la Crisanto Luque comenzará a operar el 21 de julio, se espera que las próximas a chatarrizar sean las busetas de las rutas Bosque - Crisanto Luque y Bosque - Crespo.
“Cartel de chatarrización”
En el primer debate en el Concejo se revivieron las acusaciones por un presunto “cartel de la chatarrización”, por lo que se pidieron soportes de chatarrización y pagos. Esta denuncia viene del 2016, a lo que en ese momento los funcionarios del comité FUDO, integrado por un representante de Transcaribe, uno de cada operador, uno del DATT, un miembro del encargo fiduciario, y un representante de la Sijín, indicaron que “los filtros que tiene esta operación de desintegración, blinda el proceso y es casi imposible hacerle “trampa” por la cantidad de ojos que pasan por cada uno de los casos y solicitudes”. (Lea aquí: Préstamo por $20 mil millones sí, pero con soportes de chatarrización)
“Lo analiza la Dirección de Operaciones, que es la que notifica al comité cuáles vehículos deben salir. La información es verificada en el DATT, luego en el mismo comité. Después, pasa nuevamente por la autoridad de tránsito, que avala que las resoluciones sean originales, que no haya errores y que estén bien estructuradas. Pasa después por una revisión de los abogados de las dos empresas operadoras donde se ve si están esos carros en el inventario y cuál es la asignación económica. Y, finalmente, lo verifica la fiducia, con protocolo en mano”, indicaron. En ese momento, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, aseguró que le pediría a los entes de control que revisaran y vigilaran el proceso.
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