El país se estremeció el 27 de abril del 2017 con el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II. Fallas estructurales, malos procesos constructivos y materiales de muy baja calidad fueron los detonantes que provocaron este devastador colapso, que dejó a 21 obreros muertos, 22 más heridos y que de paso derrumbó la fachada de la red de ilegalidad en las construcciones de la ciudad.
Los días pasaron y las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía General de la Nación y del Distrito no se hicieron esperar.
Después de inspecciones emprendidas por la oficina de Control Disciplinario y de la Secretaría de Planeación, a través de la Dirección Administrativa de Control Urbano, se determinó que uno de los constructores que ha levantado en Cartagena más obras ilegales es Wilfran Quiroz, dueño del proyecto Portales de Blas de Lezo II. Desde entonces este apellido no ha salido de la memoria de los cartageneros y tampoco del radar de las autoridades.
Procesos penales
Las investigaciones siguieron y a raíz de esto los implicados por el desplome en Blas de Lezo, tanto constructores como funcionarios públicos, atraviesan procesos penales. Wilfran Quiroz fue acusado de homicidio culposo en concurso homogéneo, lesiones culposas en concurso homogéneo, estafa y falsedad en documento.
Además, Luis David Quiroz, su hijo, fue acusado de urbanización ilegal, homicidio culposo en concurso homogéneo, lesiones culposas en concurso homogéneo y falsedad en documento.
También el inspector de policía Alfonso Ramos y Olimpo Vergara, este último exdirector de Control Urbano, fueron acusados formalmente de los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión, cargos que no aceptaron.
Por último, el maestro de obra, Luis Eduardo Agresor, también permanece privado de la libertad en centro carcelario por urbanización ilegal, homicidio culposo en concurso homogéneo, lesiones culposas en concurso homogéneo y falsedad en documento.
Wilfran Quiroz, Luis David Quiroz, Olimpo Vergara y Alfonso Ramos están bajo medida de aseguramiento de casa por cárcel.
Primeras evacuaciones
Los más inocentes empezaron a pagar las consecuencias del mal proceder de la familia Quiroz.
El Distrito, a través de un convenio con la Universidad de Cartagena, ordenó aplicarle estudios patológicos a todas las construcciones que fueron o estaban siendo levantadas por Wilfran Quiroz. La primera de ellas fue Portales de Blas de Lezo I, edificio que según los análisis hechos no cumplía con las normas de sismorresistencia y en la que la calidad de los materiales y la manera como se manejó la estructura del edificio no era la adecuada, ya que no obedecían las exigencias mínimas de las normas urbanísticas.
Debido a esto, a principios de octubre, las familias fueron evacuadas del edificio y el Distrito prometió darles un subsidio para arriendo de $400 mil, cifra que no fue aceptada por los propietarios porque aseguraban era insuficiente para cubrir sus necesidades.
Ante esto, la Alcaldía se reunió varias veces con los habitantes de Portales de Blas de Lezo I para establecer un monto equilibrado, pero no hubo consenso, por lo que los moradores tuvieron que acudir a acciones legales para definir su situación.
El resultado fue que a finales del 2017 un juez determinó que la Alcaldía debía entregarles recursos más gruesos a las familias, por lo que les otorgó $800 mil, con el compromiso que en este año el monto sería de $980 mil durante cinco meses.
Otros 16 edificios
Solo pasaron tres meses desde que se ordenó el primer desalojo, para que 709 personas que habitan 16 edificios de los Quiroz recibieran una notificación alarmante por parte del Distrito, en la que les recomendaba a través de una carta que evacuaran sus inmuebles porque los resultados de los estudios que hizo la UdeC eran poco alentadores. El alma mater señaló, que al igual que Portales de Blas de Lezo I, las edificaciones eran vulnerables y no cumplían con la norma sismorresistente.
Brisas de Blas de Lezo, Villa May, Portal de Caracoles I y II, Portal de Los Alpes, Brisas de Los Alpes, Alpes 31, Villa Naevia, Calipso, Villa Ana, Villa Vanessa, Brisas de La Castellana, Shalom, Tsalach, Villa Mary e Innova, son los edificios que se encuentran comprometidos.
La misiva la entregó la Alcaldía el 30 de diciembre a los propietarios, un día después de que el Distrito recibiera los resultados de todos los estudios por parte de la UdeC.
La situación se volvió alarmante 19 días después, cuando el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidiera a la Alcaldía que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los habitantes de estos inmuebles, teniendo en cuenta que había riesgo de desplome.
Fue por eso que Sergio Londoño Zurek, alcalde (e), luego de un Comité extraordinario de Gestión del Riesgo decretó la calamidad pública tras la notificación del fiscal y ordenó la evacuación obligatoria de las 16 edificaciones.
Es mismo día, Yolanda Wong Baldiris, secretaria del Interior de Cartagena, recorrió cada uno de los edificios y le explicó a las 108 familias que el desalojo era inminente y que el Distrito dispuso de un albergue, en el Coliseo de Combate, a donde podían ir mientras se definía la situación.
Audiencias
Una de las peticiones de la Fiscalía fue que se desarrollara una audiencia pública de medidas de protección, para definir el futuro de las 108 familias que habitan estas estructuras vulnerables, por lo que al día siguiente de haber sido ordenada la evacuación, los propietarios se dirigieron hasta el Complejo Judicial y pidieron garantías, subsidios económicos dignos y que se aplicaran unos nuevos estudios para así poder evacuar. Al concluir la audiencia, la Juez Tercera Penal con Función de Control de Garantías, Yuri Ponce, la prorrogó y ordenó suspender las evacuaciones.
A los cuatro días, luego de que se retomara la audiencia, la juez escuchó a los abogados que representaban a cada edificio y volvió a prorrogar la diligencia judicial para el próximo lunes y también mantuvo en pausa la orden de desalojo.
Estuidos polémicos
Algunas familias salieron de apartamentos, mientras otras se rehusaron a evacuar por las dudas que le generaban los estudios de la Universidad de Cartagena.
De hecho, el ingeniero estructural Jorge Rocha aseguró que los estudios no eran confiables y que no había ningún riesgo de desplome.
Por su parte, Arnoldo Berrocal, jefe del departamento de estructuras de la Universidad de Cartagena, explicó cómo se hicieron los procedimientos y cuál es el diagnóstico.
El experto aseguró que ninguno de los edificios cumple con la norma sismorresistente ni con las normas urbanísticas de la ciudad, que las estructuras son vulnerables y que hay edificios que tienen problemas a carga vertical.
Además, dijo que hay incertidumbre en los materiales y en los procesos constructivos y que no hubo ningún tipo de control en obra por parte de un supervisor técnico externo, el cual debía certificar que todos los materiales coincidieran con las especificaciones de los planos y las memorias.
Señaló que hay edificios que no tienen planos estructurales y que se construyeron con la metodología del edificio Portales de Blas de Lezo II. Los constructores no cumplen con las áreas necesarias ni las dimensiones para construir edificios de hasta 13 pisos.
Pese a esto, los propietarios manifestaron su preocupación porque los estudios confunden los nombres de los edificios, tiene medidas que no corresponden a los apartamentos y decenas de párrafos del marco teórico que estaban copiados y pegados de una publicación mexicana cuyo autor es el ingeniero Humberto Girón Vargas.
Tras la polémica, el alcalde (e) sostuvo una reunión con la mesa directiva de la Universidad de Cartagena para aclarar dudas que cuestionan la idoneidad de los estudios. El rector del alma mater, Édgar Parra Chacón, explicó que la institución avala y respalda el informe técnico, pero que lo entregado a los propietarios de apartamentos era una versión preliminar. Resaltó que el próximo lunes se conocerá el informe definitivo.
"Se olvidaron de nosotros"
Mientras 108 familias viven el drama por las evacuaciones, los sobrevivientes del desplome del edificio de Portales de Blas de Lezo II se sienten en el olvido.
Alex Madera, uno de los obreros que le ganó la guerra a toneladas de escombro, no levanta cabeza. Aún sigue herido y con sentimientos encontrados.
“Mi hijo tiene heridas en la pierna y en la cadera. Después de la tragedia y al ver que estábamos pasando necesidades salimos de Cartagena y nos vinimos para Montelíbano, Córdoba, donde ha permanecido hospitalizado estos último meses. Su estado de salud es tan complejo que lo vamos a trasladar a un hospital en Montería.
“Él tiene cuatro hijos y no ha podido trabajar por su estado de salud. Su esposa tampoco puede ganarse el pan de cada día porque le toca estar con él todo el día en el hospital”, comentó Magalis Madera, madre de Alex y viuda de Rafael Mendoza, una de las víctimas mortales del desplome.
Magali aseguró que el Distrito les entregó a través del Plan de Emergencia Social (PES) una unidad productiva para que su yerna montara un negocio de papelería, pero que por la necesidad esta no pudo continuar.
“A mi yerna le dieron unas vitrinas y dos millones de pesos en papelería. Ella vendió la mercancía, pero la plata no alcanzó para surtirla. Lo único que pedimos es que no se olviden de nosotros y de hacer justicia porque los responsables están felices en sus casas”, le contó la mujer a El Universal.
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