Debido a la preocupación por los factores que están deteriorando las áreas marinas y costeras en el territorio nacional y a raíz de la descoordinación que existe entre los actores que intervienen estos espacios, que incluyen playas, flora y fauna, la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, radicó el proyecto de ley número 234 para proteger y preservar estos ecosistemas.
“Con esta medida lo que buscamos es que haya un marco de ordenamiento ambiental en todo el territorio marino-costero que hay en el país, para fortalecer y contribuir a la preservación de estas zonas y que se establezcan compensaciones tal y como lo señala el objeto de esta iniciativa”, explicó la congresista.
Sostuvo que uno de los aspectos más preocupantes es que “muchos sectores de nuestras playas se encuentran en riesgo como consecuencia de la erosión costera, los fuertes oleajes y por la contaminación ambiental producto de muchos ríos, entre ellos el Magdalena, que arrastra todo tipo de desechos. En esa medida, los océanos y espacios costeros se ven afectados por sustancias contaminantes como compuestos tóxicos, hidrocarburos, aguas residuales domésticas, materiales radiactivos y las basuras”.
El proyecto fue radicado en el marco del debate que se dio sobre el Golfo de Morrosquillo, una subregión que a juicio de la congresista “se caracteriza por una enorme biodiversidad y hermosas playas, pero que necesita de esta propuesta legislativa, justamente por la problemática de contaminación ambiental que enfrentan sus ecosistemas por el derramamiento de crudo. Por supuesto, esto afecta el desarrollo económico y turístico de este sector que requiere de una urgente intervención por parte del Estado”.
De otro lado, la representante señaló que “se estaba en mora de un proyecto como este. Es una situación que también adolece las Costas del Pacífico, del Atlántico – donde lo vivimos a diario-, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se requiere de un sustento legal que fortalezca más la gestión del Ministerio de Medio Ambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales”.
También, expresó que “es importante un trabajo articulado con las entidades territoriales para mitigar los efectos de la erosión costera, hacer detallados estudios ambientales de todas estas zonas y propender por una mejor educación ambiental en todo el país y el gobierno tiene que contribuir a ello”.
El proyecto, que cuenta con doce artículos, contempla la implementación de una cátedra obligatoria sobre el uso sustentable de los ecosistemas y recursos marinos y costeros en todas las instituciones educativas públicas y privadas del orden nacional, departamental y local, que promueva los valores sociales, culturales, económicos y ambientales, la protección ambiental y el bienestar social.
También impartir instrucciones sobre las medidas necesarias para la preservación y uso sustentable de los ambientes marinos y costeros del territorio colombiano y el seguimiento y monitoreo continuo a las áreas marino-costeras del país.
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