Aunque las mujeres que prestan servicios sexuales en El Cacique, Chica Rica y Chica Linda lo hacen de manera voluntaria, según el apoderado judicial del representante legal de estos negocios, y por ende, “no se está esclavizando, no hay explotación sexual”, como lo aseguró la Fiscalía; hay quienes sí se sienten afectados con estos establecimientos nocturnos en el sector El Amparo.
Ellos son los habitantes de los barrios alrededor, tales como San Pedro, El Rubí, El Carmen y Los Alpes. En ellos, la opinión de sus habitantes es generalizada: no quieren más esos establecimientos en la zona porque les generan disgustos.
Según explicaron líderes comunales y moradores, en el “pedazo” de los prostíbulos hay muchos jíbaros comercializando drogas, se han presentando peleas, hay ruidos que perturban las madrugadas y hasta han ocurrido asesinatos.
“Así como pueden llegar personas de bien, también llegan hombres de dudosa reputación, que con su sola presencia generan preocupación. Hace un par de años hubo un triple homicidio ahí cerca. Vivimos con zozobra, con mucha intranquilidad. No tenemos nada en contra de esos lugares, pero sí queremos que los pongan en otra parte, no aquí”, manifestó un residente de El Rubí.
De estos no hay queja
Pero así como hay demasiada inconformidad por lo que se desprende de estos negocios en el sector El Amparo, también hay otros ubicados en otras zonas de la ciudad que no generan quejas de los vecinos.
Uno de ellos y quizá uno de los más emblemáticos, está en el barrio Bruselas, en la calle Benjamín Herrera, y se ha caracterizado por la prudencia y la discreción.
Así lo dieron a conocer varios vecinos a El Universal, quienes señalaron que tras varias décadas en el sector, no han conocido problemas derivados de esa famosa casa. “Yo tengo 55 años viviendo aquí y ya eso existía. La verdad es que no se ve nada raro, no tenemos quejas. Ahí se comercia sexo pero es un negocio que no afecta a la comunidad, nunca ha habido escándalos ni se ven movimientos raros de droga. Ponen su música suave adentro, es un negocio caché”, señaló uno de los moradores consultados de Bruselas.
“Si nos afectara, nosotros mismos ya hubiéramos puesto la queja con las autoridades, pero ahí se maneja mucha discreción, así deberían ser todos los que están la ciudad”, expresó otra habitante.
De igual forma, en la avenida El Bosque hay otros establecimientos para adultos, sobre la vía, que no generan rechazo de los moradores. “Ellos adentro tienen sus mujeres, sus shows, pero afuera no se presenta nada fuera de lo normal. Acá no se ven peleas ni escándalos”, apuntó un vecino de la acera del frente.
Asimismo, en el Nuevo Campestre hay un lugar que está en una vía más empresarial que residencial, por lo que algunos vecinos respondieron que no tienen afectaciones directas o indirectas en sus viviendas.
Siguen trabajando
Cabe recordar que las trabajadoras sexuales de El Cacique, Chica Rica y Chica Linda negaron que las explotaran. Al contrario, dijeron estar muy cómodas y con libertades. Una de ellas contó que cobraba entre 140 y 160 mil pesos por cliente, y que ella decidía cuántos atendía en un día. A veces era uno, dos o tres, el número era relativo. Por cada servicio, $60 mil eran para los dueños y el resto para ella.
Aparte, dijo, a cada muchacha le toca pagar 15 mil pesos diarios por hospedaje y alimentación.
Los negocios en el sector El Amparo han permanecido abiertos al público después de los operativos divulgados el 20 de agosto por la Fiscalía, excepto Chica Linda. Este permanece cerrado desde el pasado viernes por no cumplir con la documentación requerida por las autoridades distritales para su funcionamiento.
¿Zonas de tolerancia?
Con la conmoción que ha habido por tantos operativos realizados por delitos sexuales en Cartagena, se abrió la discusión sobre la conveniencia de crear zonas de tolerancia que reglamenten la actividad y los derechos laborales de estas personas.
La alcaldesa encargada, Yolanda Wong, sostuvo que sí es un motivo de discusión implementar estas zonas de tolerancia en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que está en formulación.
Aunque concejales, senadores, alcaldes, habitantes y otros gremios han explicado la importancia de crear zonas de tolerancia, nunca se ha definido la inclusión en el POT, o se ha creado un proyecto de acuerdo en el Concejo que lo reglamente.
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