En una dura carta el Procurador General de la República, Fernando Carrillo, critica la no efectividad de la orden de suspensión vigente al proyecto de viviendas de interés social (VIS) Aquarela, que construye la Promotora Calle 47 S.A.S. en el sector Paseo Bolívar del barrio Torices y que ha generado polémica por la afectación que causa a la visual del Castillo de San Felipe de Barajas, un bien de interés cultural (BIC).
Carrillo le pide al alcalde (e) Sergio Londoño que en un término de 48 horas "adopte las medidas administrativas del caso, a fin de ejercer el poder de policía en esta materia, como máxima autoridad de ese Distrito".
Como se recordará, el pasado 22 de enero, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a través de una carta enviada al Ministerio de Cultura entregó el balance de los cuatro días de visita en Cartagena donde una comisión de funcionarios de esta entidad revisó el Patrimonio Histórico y frente al edificio Aquarela solicitaron “asegurar la conservación del Valor Universal Excepcional que sustenta la inscripción de Cartagena en la lista de Patrimonio Mundial para beneficio de presentes y futuras generaciones”.
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En este sentido, el Procurador Carrillo expone que si no se cumplen con medidas administrativas del caso, procederá a emitir las sanciones disciplinarias correspondientes.
A continuación la carta de la Procuraduría:
Con base en las acciones judiciales y de intervención que ha adelantado el Ministerio Público, la inspectora de policía de la comuna No. 2 inició una actuación el pasado 24 de octubre, mediante la cual suspendió las obras relacionadas con el edificio Aquarela por violar las reglas de la propia licencia urbanística, sin que adelantara gestión posterior alguna para hacer efectiva la medida.
La citada funcionaria fue trasladada a otra inspección de la ciudad de Cartagena, quedando la actuación en cabeza de una nueva inspectora, quien tomó posesión del cargo el pasado 8 de febrero, por lo que hasta este momento no se evidencian avances en la acción policiva.
Con gran preocupación la Procuraduría General de la Nación observa esta inacción y la no efectividad de la orden de suspensión vigente. La continuidad de la obra mencionada pone en alto riesgo a la ciudad de Cartagena, tanto por razones urbanísticas como especialmente, por afectar potencialmente su condición de patrimonio histórico y cultural de la humanidad declarado por la UNESCO.
Por lo anterior, lo exhorto para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas adopte las medidas administrativas del caso, a fin de ejercer el poder de policía en esta materia, como máxima autoridad de ese Distrito.
No sobra señalar adicionalmente que en curso de las acciones judiciales, la Procuraduría General continuará ejerciendo las actuaciones pertinentes, con el propósito de defender el interés colectivo comprometido en este asunto, entre ellas, la constitución en renuencia en que pueda incurrir la Alcaldía, con miras a dar aplicación a lo dispuesto por la Ley 393 de 1997, en materia de acción de cumplimiento y, sin perjuicio, de los efectos disciplinarios a que haya lugar.
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