Se va a cumplir casi un año desde que explotó en la ciudad el caso Aquarela, un proyecto de vivienda para más de 900 familias, en inmediaciones del fuerte de San Felipe de Barajas que fue suspendido por presuntas violaciones a la ley.
Ha pasado el tiempo, y la Alcaldía aún no decide que va a pasar con esa edificación que a concepto de la Unesco y otras entidades, es una amenaza a la declaratoria de Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad
Ante tanta espera, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, calificó de inaudita la actitud asumida por la Alcaldía de Cartagena, al no permitir avanzar el proceso policivo que busca la recuperación del espacio público y la protección del patrimonio histórico que se ve amenazado por Aquarela, y que en todo este tiempo no ha hecho pronunciamientos de fondo, lo que ha facilitado una peligrosa dilación en el caso.
“Es inaudito que casi un año después, la Alcaldía de Cartagena siga pidiendo prórrogas porque no tiene listos los informes”, sostuvo el jefe del Ministerio Público.
En el proceso policivo que se adelanta, los técnicos del Distrito solicitaron un plazo adicional para entregar el informe final sobre el resultado de la evaluación a los hallazgos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los aislamientos previstos por la obra, en el que deben identificar si se presenta detrimento al patrimonio público e histórico de la ciudad.Procurador @fcarrilloflorez exige a @AlcaldiaCTG a no seguir dilatando recuperación del espacio público y protección del patrimonio histórico
| https://t.co/u2QGMA8aXE pic.twitter.com/XubMMUnJ1a— Procuraduría Colombia (@PGN_COL) 13 de septiembre de 2018
A pesar de que desde octubre de 2017, hace casi un año, la Alcaldía de Cartagena conocía este mandato, los técnicos pidieron dos días más de prórroga porque el informe “no estaba listo”, lo que llevó a que la audiencia fuera reprogramada para el miércoles 19 de septiembre.
Cabe resaltar, que el proceso policivo es solo uno de los cuatro procesos que hay contra la edificación: una acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura, una acción de nulidad que inició la Procuraduría por la presunta ilegalidad de las licencias y un proceso penal contra el representante legal y el curador.
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