Son muchos los retrasos que en estos últimos años ha tenido el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, lo que es motivo de preocupación, ya que la regulación de las construcciones, las normas urbanísticas y el crecimiento de la ciudad es una tarea que se vuelve cada vez más compleja por la falta de una herramienta técnica para planificar y ordenar el territorio.
El último impase se dio hace dos meses, cuando la Secretaría de Planeación calificó negativamente los cinco productos del POT que estructuró el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) e Inypsa, con el agravante de que esta fue la segunda vez que esta empresa entregó estos documentos al Distrito, que inicialmente fueron devueltos con observaciones que no fueron tenidas en cuenta.
A raíz de esto, la Alcaldía citó a audiencia en tres oportunidades a Fonade para liquidar el contrato No. 216229/2016, que tenía como objeto la estructuración de los productos, pero la empresa inasistió. La última posición del Distrito fue liquidar el contrato de forma unilateral, con la expectativa de iniciar el nuevo proceso de formulación del esperado documento con el dinero recuperado.
Ante la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su facultad de vigilancia a los planes de ordenamiento territorial enmarcados en los POTS Modernos, citó para este martes a la Alcaldía y a Fonade para clarificar la situación del POT de Cartagena.
“Tomando en consideración que al parecer se han presentado dificultades en el proceso que se viene adelantando con el Distrito de Cartagena, me permito convocarles a una mesa de trabajo que tendrá lugar en las instalaciones de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, en Bogotá, en aras de clarificar la situación”, dice la misiva enviada por la Procuraduría al Distrito.
Las observaciones
El principal motivo para que se decidiera liquidar el contrato fue que los cinco productos del POT, presentados por Fonade, fueron evaluados como deficientes por la administración distrital, a través de un equipo especializado.
Dentro de las observaciones está que no se tuvieron en cuenta los factores de riesgo en diferentes frentes de Cartagena. Por ejemplo, los modelos de amenazas por movimientos en masa e inundaciones presentados no son precisos debido a que difieren de la realidad del territorio. Es decir, no son entendibles las áreas en amenaza alta en el cerro de La Popa, o las áreas inundables en las zonas portuarias que fueron rellenadas y se encuentran en niveles más altos al del nivel del mar.
Además, no se presentó un análisis con el rigor requerido respecto a la información recopilada y disponible en amenazas naturales como movimientos en masa e inundaciones.
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