Seis días han pasado desde que en Cartagena se declaró la calamidad pública para dictar medidas de evacuación y desalojo, demolición y reubicación para los habitantes de 16 edificios que estaban “en inminente peligro”, según dice el Decreto 0058 del 18 de enero de 2018. Pero esta orden no se ha cumplido totalmente, ya que un día después de la declaratoria una Juez de Control de Garantías ordenó la suspensión de las evacuaciones y estas ayer volvieron a suspenderse, entre otras cosas, por el escándalo de un presunto plagio en los estudios realizados por la Universidad de Cartagena.
Las primeras imprecisiones en los informes, entregados el 28 de diciembre por la universidad a la Alcaldía, fueron detectadas esta semana por residentes de los edificios implicados, quienes se cuestionaron cómo creer en un estudio que confunde los nombres de los edificios o tiene medidas que no corresponden a sus apartamentos; y peór aún, el descubrimiento de que decenas de párrafos del marco teórico estaban copiados y pegados de una publicación mexicana cuyo autor es el ingeniero Humberto Girón Vargas.
La sospecha empezó por la frase “En la república mexicana”, pero lo que vino después fue la constatación de que la mayoría de los términos incluidos habían sido copiados incluso de otros documentos, sin ningún tipo de referencias, lo que aumentó el escándalo y las preguntas sobre la credibilidad de los informes.
Por este hecho, la Contraloría Distrital anunció la apertura de investigación por presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo celebrado entre el Distrito y la Universidad de Cartagena.
Informe en primera versión
Ayer en la mañana el alcalde (e) Sergio Londoño sostuvo una reunión con la mesa directiva de la Universidad de Cartagena para aclarar dudas que cuestionan la idoneidad de los estudios, pero al finalizar la reunión, no dieron declaraciones. Más tarde, tras la insistencia de varios periodistas, el rector de la UdeC, Édgar Parra Chacón, explicó que la institución avala y respalda el informe técnico.
“Recuerden que la universidad rindió una versión preliminar a la Alcaldía y el informe definitivo está programado para la próxima semana”, aclaró.
Según esta nueva explicación, las inconsistencias y errores de transcripción se deben a que los documentos difundidos no serían el documento oficial, sino una primera versión, de cuya condición ya tenía conocimiento la Alcaldía.
“La primera versión del informe presentado el 29 de diciembre de 2017, y que contiene las conclusiones y recomendaciones del estudio, es de carácter preliminar, por lo que no contiene un marco referencial ajustado, pero sí los datos, mediciones y conclusiones fundamentales”, decía el comunicado de prensa emitido por la universidad.
De acuerdo con esto, entregaron un informe sin terminar para cumplir con la orden legal de informar una vez se conozca de una situación de riesgo para que se actúe de manera perentoria. El comunicado también indicó que los errores de forma no afectan los resultados de la investigación.
¿Por qué evacuar con base en un estudio preliminar?
El 18 de enero, la Fiscalía General de la Nación emitió un llamado a la Alcaldía sobre medidas urgentes por el riesgo inminente relacionado con los 16 edificios. Tras eso, la evacuación de las 108 familias se decidió durante el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, los 14 miembros permanentes aprobaron la declaración del estado de emergencia. En el decreto se agregan algunos principios que hoy cita la Alcaldía, para justificar la decisión a pesar de que los informes eran preliminares.
“Nosotros, aplicando el principio de precaución, seguimos firmes en que al conocer cualquier riesgo para las personas, se proceda a salvaguardar su vida y su integridad”, sintetizó Londoño.
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