Ante la preocupante situación que viven decenas de familias luego de que se conocieran los resultados de estudios patológicos aplicados por la Universidad de Cartagena sobre 16 edificios que fueron levantados ilegalmente por la Constructora Quiroz y posteriormente evacuados por el Distrito tras órdenes de la Fiscalía, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le pidió a la Alcaldía que evaluara con urgencia otras 61 edificaciones que no cumplen con las normas urbanísticas.
El jefe del Ministerio Público advirtió que frente a la gravísima tendencia, se deben examinar estas propiedades restantes, teniendo en cuenta que el Distrito encontró en junio del año pasado 77 edificios que fueron construidos con irregularidad en sus licencias y con dudosos procesos de ingeniería estructural, de los cuales 16 de estos pertenecen a los Quiroz.
Carrillo Flórez recordó que los diagnósticos del estado de estas 16 construcciones hacen parte del compromiso adquirido por la administración de Cartagena el 10 de julio de 2017, como resultado de una acción popular instaurada por la Procuraduría General del Nación.
Con el propósito de evitar que esta problemática se vuelva sistémica, el jefe del órgano de control reclamó un “corte de cuentas para que las nuevas construcciones no presenten fallas estructurales que sigan defraudando la confianza y vulnerando los derechos de la ciudadanía”.
Plan de Normalización Urbanística
El procurador también le exigió a la Alcaldía el cumplimiento del Plan de Normalización Urbanística que permitirá la vigilancia técnica a las licencias expedidas por parte de las curadurías urbanas, con prioridad en las construcciones que están en riesgo.
Recalcó que en la última audiencia de seguimiento a la acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación ante la ilegalidad en las construcciones de Cartagena, la entidad expresó su inconformismo por la falta de avances al cumplimiento del Plan de Normalización Urbanística, anunció que avanzará en acciones disciplinarias y solicitará una medida de desacato, de no encontrar nuevas respuestas inmediatas, como la que ya se logró para las 16 edificaciones en alto riesgo.
Respecto a esto, Irvin Pérez, secretario de Planeación de Cartagena, le explicó a El Universal que el Plan de Normalización Urbanística plantea para este 2018 el fortalecimiento de las inspecciones de Policía con el objetivo de fortalecer el control y vigilancia de los procesos constructivos en las diferentes localidades de la ciudad.
“La inversión es cercana a los 9 mil millones de pesos entre logística, apoyo técnico de las inspecciones y comisarías de la ciudad, y las actuaciones desde la Secretaría de Planeación.
“Cabe resaltar que desde hace cuatro meses para acá se han priorizado las actuaciones en protección de la norma urbanística, todo esto por instrucciones del alcalde (e)”, manifestó el funcionario.
Caso Aquarela
Otro de los temas que enfatizó es que la Procuraduría está atenta a la acción de nulidad para que se declare la ilegalidad de las licencias del edificio Aquarela y se proceda a la demolición de ese inmueble por orden judicial.
Cabe recordar que este proyecto de viviendas de interés social (VIS) se levanta en cercanías del Castillo de San Felipe, un Bien de Interés Cultural (BIC) que se afectará con la construcción de cuatro torres que le taparán la visual.
La Procuraduría le solicitó a la Dirección Administrativa de Control Urbano y a la inspección de Policía pertinente, la visita a una obra en Bocagrande, donde se evidenció que se estaba incumpliendo con la licencia otorgada.
El Procurador pidió adoptar las acciones necesarias para garantizar la vida y la integridad de los habitantes y vecinos de 16 edificaciones que presentan fallas estructurales.
Tras la determinación de la juez Tercera Penal con función de Control de Garantías, Yuri Ponce, las evacuaciones de las 108 familias que viven en los 16 edificios en riesgo de colapso fueron suspendidas, sin embargo, esta medida no permite a quienes desocuparon sus apartamentos regresar a estos. Además, la juez estableció que las diligencias de desalojo continuarán el martes, desde las 9 de la mañana.
Respecto a esto, Yolanda Wong Baldiris, secretaria del Interior de Cartagena, afirmó que los Puestos de Mando Unificado seguirán activos, pero que un retorno por parte de los propietarios a sus inmuebles no se permitirá.
“Tenemos los PMU en cada uno de los edificios y hasta el momento no hemos tenido reporte de gente regresando a sus apartamentos. Lo que la juez ordenó fue que se suspendieran las evacuaciones, no que la gente regrese a las viviendas. Ella quiere documentarse sobre los estudios”, dijo la funcionaria.
Wong indicó que quienes deseen continuar con el desalojo durante estos días lo pueden hacer y que estas personas cuentan con el respaldo del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y el Crued. Además, enfatizó que los hospitales están en alerta ante cualquier eventualidad.
Se han ido
Según el último reporte de la Secretaría del Interior, más de la mitad de las personas que habitaban los edificios los han evacuado.
“La evacuación se ha solicitado de manera voluntaria. Igualmente somos respetuosos de la decisión de la juez tercero penal de control de garantías, Yuri Ponce, quien dijo que se suspendiera todo tipo de evacuación hasta que ella retomara la audiencia el martes.
“Lo importante es que las personas han entendido y muchas han accedido a salir. Seguiremos dialogando, pero esta vez socializaremos más a fondo con todas las personas que viven en propiedades aledañas a los edificios”, concluyó la funcionaria.
Personas que evacuaron no pueden retornar a sus apartamentos.
Se reunieron propietarios de 16 edificios
Los propietarios de los 16 edificios con órden de evacuación se reunieron ayer, en un centro comercial de la ciudad, para establecer ciertos puntos que le plantearán al Distrito para formalizar el desalojo.
Omar Ponnef, propietario de un apartamento en el edificio Alpes 31, manifestó que lo que sucedió es un reflejo de la desorganización, la falta de logística y la arbitrariedad por parte del Fiscal y la Alcaldía, que no dimensionan la magnitud de la decisión de evacuar.
“Se solicitó que se organizara bien el tema del desalojo, que se brindaran las garantías necesarias. Además, es necesario que se busque la manera de verificar la idoneidad y veracidad de los estudios, puesto que hay errores que podrían ser de fondo y no de forma”, dijo.
Dentro de las exigencias de los propietarios está que se les garantice la calidad de vida actual.
“Queremos que se nos trate con humanidad, ya que no tenemos que ir a albergues porque ninguno de nosotros compró sus apartamentos a las sombras. Queremos saber qué subsidio nos van a dar, durante cuánto tiempo, qué monto, cuáles serán las garantías, qué va a pasar después, qué será de nuestra inversión, quién nos responderá por este desgaste psicológico y emocional. En fin, queremos que nos den soluciones contundentes”, puntualizó.
Derecho a la igualdad
El propietario reprochó que en el desalojo les han vulnerado el derecho a la igualdad, puesto que el decreto del Distrito dice que la evacuación es tanto de propietarios de apartamentos en los 16 edificios, como de vecinos, y esto no ha ocurrido.
“Las víctimas somos solo los propietarios, porque los vecinos siguen en sus casas. El decreto es enfático en decir que hay que desalojar edificios y propiedades vecinas. No nos han tratado bajo el principio de la igualdad así que queremos garantías”, concluyó.
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