Una supuesta “acción delictuosa”, denunciada ante la Fiscalía por la Comisión de Control Social de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos y afines (Aciem) capítulo Bolívar; compromete al gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), Bernardo Pardo; y a la alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata.
Es que según la denuncia penal que radicó el pasado 2 de noviembre William Murra, integrante de esa comisión, ambos incurrieron en irregularidades en el desarrollo de un convenio administrativo suscrito el 3 de octubre de 2017.
El objetivo del convenio era “establecer el esquema y términos de la unión de esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de vías en pavimento rígido y construcción y adecuación de escenarios deportivos en la Localidad Industrial y de la Bahía”. Y fue precisamente en este último cometido en el que, según Aciem, ocurrió la “mayor acción delictuosa”.
Murra señaló en la denuncia que en el “acta parcial de obra 2, de fecha 11 de octubre de 2018”, más específicamente en la columna “obra ejecutada acta 2”, se da “por cierto que se ejecutaron unas obras que no es verdad”. Estas son: suministro e instalación de la malla deportiva de nylon de alta resistencia para cerramiento superior de cancha y suministro e instalación de grama sintética, y no se habrían ejecutado en las canchas de los barrios San Pedro, La Consolata, El Recreo y La Florida.
Las dos obras, en las cuatro canchas, alcanzan un valor de $259.534.340, incluido el AUI (Administración, Utilidad e Imprevistos) del 30 % que cobra Edurbe, así: el suministro y la instalación de la malla deportiva tienen un valor de $8.075.000, y el suministro e instalación de grama sintética de $41.302.500, en cada una de las canchas de San Pedro, La Consolata y La Florida. Sumados ambos resulta un valor de $49.377.500, por cada cancha, para malla y grama. A ese valor Edurbe le agrega un AUI de $14.813.250, para un total de $64.190.750 en cada cancha, igual a $192.572.250 en las tres mencionadas.
En la cancha de El Recreo el suministro y la instalación de grama sintética tiene el mismo valor que en las canchas anteriores, $41.302.500, pero el suministro y la instalación de la malla deportiva refleja un costo de $10.206.800 por ser de mayor cantidad. Sumando esos dos montos y el AUI, que en este caso es de $15.452.790, grama y malla tienen un valor de $66.962.090 en esta cancha. Ese costo, más los $192.572.250 de las tres canchas antes mencionadas, dan un total de $259.534.340.
A Francisco López Sierra, director Seccional de Fiscalías, a quien dirigió la denuncia, Murra le solicitó proceder “a la mayor brevedad posible, ya que el solo hecho de facturar obras no ejecutadas es un acto ilícito que merece castigo ejemplar”.
¿A toda carrera?
A la denuncia anterior Murra le radicó un adicional el pasado 14 de noviembre.
“La semana anterior estuve ausente de la ciudad y hoy me entero de que Edurbe S.A. está trabajando a toda carrera para mostrar que las obras sí se hicieron, pero (...) el suscrito conserva la evidencia en custodia, es decir, el dispositivo que es una cámara Canon, en donde se muestran muy claramente 37 fotos tomadas a seis canchas deportivas incluidas en el convenio y que prueban que el día 30 de octubre de 2018, es decir, 19 días después de haberse firmado el acta parcial 2, parte de las obras liquidadas en ese avance no se habían ejecutado, o sea, de manera descarada daban fe de algo que no era cierto, lo que no es más que una vil estafa o engaño para asaltar al erario público”, sostuvo Murra en su adicional ante la Fiscalía.
Añadió que “por todo lo anterior, solicito que a la mayor brevedad posible se le dé trámite a mi denuncia, porque estamos ante unos delincuentes capaces de todo”.
Esta última versión de Murra es apoyada por las declaraciones que Alfonso González Ortega, fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo, dio el pasado viernes ante la Junta Administradora Local (JAL) de la Localidad 3.
Sostuvo que los contratistas de la cancha, “cuando supieron que iban a hacer la denuncia penal ante la Fiscalía fue que empezaron a ejecutar la obra corriendo, pero todo lo rápido, lo que no se planifica con su debido tiempo sale mal, entonces, de esa obra no tenemos prueba técnica de que el césped que colocaron está bien, con las especificaciones exigidas, porque la hicieron en plenas fiestas, en los días en que nadie iba a verificar qué estaba sucediendo”.
Para González, “la obra tiene muchas situaciones anormales. La parte arborística, el entorno de la cancha no lo han terminado; la parte de acceso a la obra, la entrada por la carretera principal, fue tumbada por el constructor y tampoco la han terminado. Debía ser una cancha 100 % nueva, sin embargo, reutilizaron el alumbrado público y esos postes no reúnen las especificaciones técnicas para la cancha que hicieron”.
Agregó que “tenían que remover toda la placa de concreto y encima de la placa vieja montaron la nueva. Son anomalías que se están dando y no debe ser así, porque para eso están los entes de control, que tienen que verificar, y nosotros como comunidad hemos estado al tanto de esta situación”.
El líder comunal aseguró que han puesto el caso en conocimiento de la alcaldesa local “pero ha hecho caso omiso a nuestro reclamo como comunidad”.
¿Qué dicen los implicados?
Consultado por este medio, Bernardo Pardo, gerente de Edurbe, prefirió no pronunciarse al respecto. “La Fiscalía que investigue, que es quien tiene las competencias para ello”, afirmó.
Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, se limitó a informar que las obras estaban en ejecución y que aún no se habían cancelado en su totalidad a Edurbe. Señaló también que “fueron suspendidas y se reiniciaron”, pero no precisó las fechas ni las razones de la suspensión.
Pruebas y sugerencias
En la denuncia penal dirigida a Francisco López Sierra, director Seccional de Fiscalías, Murra manifestó: “Se preguntará usted las razones que se tienen para afirmar tan fuertes palabras. Muy sencillo”.
Explicó que el martes 30 de octubre de 2018, “hice un recorrido a las obras de las canchas del convenio a excepción de la de Pasacaballos (...), recorrido en el que me acompañaron cuatro ediles de la localidad por voluntad propia. Observamos y hablamos con la propia comunidad en cada cancha visitada (...) Tomé 37 fotos con fechas y horas impresas que están en la carpeta Registros Evidencias que se encuentra en el CD adjunto. Allí se puede dar cuenta que esos elementos que dicen haber ejecutado no existen, pero los están cobrando”.
El dirigente de Aceim indicó que al fiscal López que “no vamos a seguir investigando sobre otros ítems que han dado por ejecutados y a lo mejor tampoco es cierto, pero sí vale la pena solicitarles que incluyan en la investigación los siguientes hechos. 1) El conjunto de Juegos Biosaludables para Niños de 4 canchas, tiene un valor comercial para cada una que no llega con instalación a 9 millones de pesos, pero en este convenio los fijaron en 21 millones de pesos. 2) Los cables eléctricos que transportan la energía a los reflectores que instalaron están aéreos y la norma no lo permite para canchas deportivas y además, los reflectores instalados no son los que dice el contrato sino unos de inferior calidad, pero se aclara que no cobraron el precio acordado contractualmente sino un 50 % menos”.
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