En octubre de 2012, Sintraelecol subdirectiva Bolívar presentó una acción de tutela donde algunos trabajadores hicieron reclamaciones por el no pago de unos bonos desde el año 2011 al 2013, en ese entonces la empresa reconoció algunas de las exigencias que hacían los empleados y dejó pendientes por discutir otras pretensiones.
Entre otros, los auxilios de alimentación también llamados Convención Colectiva Bonos Canasta y que en ese momento no fueron pagados. No se sabe a ciencia cierta si con justa razón o sin ella. Pero el punto es que después del proceso de intervención a Electricaribe, todas las obligaciones anteriores al 15 de noviembre de 2016 están suspendidas.
“Y en esas obligaciones se encuentran no solo las laborales sino también las comerciales. Como por ejemplo a los generadores de energía, a los proveedores de bienes y servicios, como también obligaciones financieras que entre todas suman 2,4 billones de pesos. Lo que se trata en estos procesos es de buscar una solución estructural y entre tanto esas obligaciones deben quedar suspendidas hasta que haya una ruta financiera de cómo resolver las obligaciones de la compañía”, sostiene Javier Lastra Fuscaldo, agente interventor de Electricaribe.
Lastra enfatiza que la tutela no es la vía ni el camino para hacer este tipo de exigencias y que si algunos jueces de cualquier materia, llámense jueces de familia, jueces promiscuos, civiles, penales etc.; se ponen a tomar decisiones que apunten a pagar esas obligaciones suspendidas, se pone en riesgo tanto el proceso de intervención como la operación misma.
“El juez 15 Penal Municipal Mixto de Cartagena insiste en que pague 3.200 millones de pesos a 239 trabajadores por ese concepto de bonos canastas. Esos 3.200 millones de pesos son fundamentales para la operación, no están concebidos para pagar obligaciones suspendidas”, recalca el agente interventor.
Lastra Fuscaldo en entrevista con El Universal manifestó que lleva 26 órdenes de arresto y que en todas ha demostrado que no se pueden pagar obligaciones suspendidas, el agente interventor aclara que ni a los trabajadores ni a los pensionados se les está afectando el mínimo vital.
“No hay riesgo en su salud porque ellos tienen un cubrimiento 100 % de su esquema de salud, no se les está desconociendo el pago de su salario. Quiero visibilizar el hecho de que por la vía de tutela no se ponga en riesgo el proceso de intervención y la operación que termina afectando a todos los clientes porque no vamos a poder entonces en un momento dado pagar la compra de energía, pagar la nómina, pagar a los proveedores de bienes y servicios donde estas tutelas vayan haciendo carrera”, dijo preocupado Lastra Fuscaldo.
Por eso a través de la red social Twitter pidió auxilio a las autoridades judiciales “para que pidan cordura y analicen esto con todo el fundamento porque no puede ser que con tutelas ordenen este tipo de pagos”.
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