Aunque la Procuraduría General de la Nación pidió a Cardique la suspensión de dos contratos firmados en 2007 para “prevenir una defraudación al patrimonio público y que se vulnere el ordenamiento jurídico si la ejecución contractual se mantiene”, la corporación respondió diciendo que no se puede detener un contrato que ya terminó y que está en proceso de liquidación.
Esta petición de la Procuraduría se da dentro de las acciones disciplinarias que se iniciaron desde marzo de 2018 en contra del director de Cardique, Olaff Puello Castillo, y la exsubdirectora de Planeación, Ana Oyaga Arias, por presuntas irregularidades contractuales.
El órgano de control alertó que según el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigación Especiales y de la Contraloría General de la República (CGR), el daño patrimonial de los dos negocios jurídicos, contratos 120 y 121, es de $4.318 millones.
Sobre la solicitud conocida en la mañana de ayer, el director (e) de Cardique, Ángelo Bacci, aseguró que teniendo en cuenta que los contratos están terminados, “no hay ninguna posibilidad de una defraudación al patrimonio público y a la moralidad pública, y que se vulnere el ordenamiento jurídico, debido a que en este caso la ejecución contractual con el Consorcio Ciénaga de La Virgen no se mantiene”.
Contrato 120
Sobre este contrato, suscrito el 29 de junio del 2007 entre Cardique y el Consorcio Interventorías de la Ciénaga, la Procuraduría detalló que “tiene por objeto ejecutar la interventoría del mejoramiento hidráulico y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la ciénaga de la Virgen. En su ejecución se han invertido $1.449 millones, con cuatro contratos adicionales por $724 millones”.
Contrato 121
Este fue suscrito también en 2007 pero con el Consorcio Ciénaga de la Virgen, ¿por qué ha sido tan polémico? Por las empresas que conforman el consorcio: 75 % de Construcciones Hilsaca Ltda (ahora AGM Desarrollos SAS), y el restante 25 % de Servicios de Dragados y Construcciones SA.
El contrato entre Cardique y este consorcio tenía como objetivo ejecutar el mejoramiento hidráulico y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la ciénaga de la Virgen.
“En este negocio jurídico por $22.173 millones, que se suscribió el 29 de junio de 2007 con vigencia hasta el 17 de octubre de 2021, se han celebrado cuatro adiciones y un reajuste de precios, que representa una inversión de $35.451 millones”, dice la Procuraduría.
Aunque el contrato se vencía hasta el 2021, no se conocen detalles sobre qué originó la finalización y liquidación de este contrato si según dijo Puello en su momento todo se estaba ejecutando de acuerdo a lo contratado, con muchos beneficios para la comunidad y apegados a la ley.
Lo que encontró la CGR
Respecto al contrato 121, la Contraloría General dijo en febrero de este año que: “Se evidencian fallas en la estructuración y planeación del proyecto, teniendo que modificar su alcance mediante adiciones y ajustes de precios al contrato. Debe tenerse en cuenta que este proyecto fue programado como una obra de ejecución continua, no obstante, como lo pudo evidenciar la CGR, las obras se ejecutaron de manera intermitente durante dos a tres meses en cada vigencia, así como también se pudo establecer que no tuvo una programación secuencial, pues eran actividades que se realizaron y pagaron en cada vigencia desde el 2007; no hay actividades sucesivas que estuvieran vinculadas por fases previas para tener un entregable específico; por tanto, el contrato suscrito no obedece a ningún macroproyecto que ameritara una contratación a 14 años”.
Caso Cardique
A finales de mayo fue capturado Olaff Puello, director de Cardique, tras conocerse un informe de la Contraloría en el que se evidencian presuntas irregularidades en la contratación de esta entidad. A Puello le imputaron los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdo restrictivo de la competencia y concierto para delinquir. Además fueron capturados Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de la Corporación, y Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de los contratos, a quienes les imputaron peculado agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir; y a Bernabé Maldonado Maldonado, contador que habría participado en la articulación de contratos, le imputaron peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Por último, a Freddy Rodgers se le imputaron peculado, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Durante las audiencias, el fiscal 55 Especializado en Delitos para la Corrupción, Juan Carlos Galindo, aseguró que son 220 los contratos que no se ejecutaron, pese a que fueron pagados. El funcionario mostró soportes de documentos falsos, entre ellos facturas, planos topográficos y registros fotográficos que fueron usados como comprobantes para acreditar la supuesta realización de las obras.
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