Tira y jala judicial entre alcalde de Magangué y los Alfonso López

El abogado, Iván Cancino, en rueda de prensa ayer en Cartagena,   controvirtió lo expuesto por el alcalde de Magangué, Marcelo Torres, en entrevista concedida al periódico El Tiempo y publicada hace 4 días.
Por lo dicho en la entrevista, la denuncia penal y disciplinaria en su contra está anunciada. Torres deberá mostrar las pruebas sobre las sindicaciones hechas en una entrevista contra Enilse López, conocida ampliamente como “La Gata”.
La familia Alfonso López, liderada por la comerciante de apuestas en la Costa Caribe, volvió a parecer ante la opinión pública a defenderse de lo que considera ataques del nuevo mandatario municipal de Magangué.
El abogado Cancino señaló que el tema de la extradición está cancelado. Nunca hubo petición alguna de gobierno extranjero, ni muchos menos de la DEA.
“Nunca hemos tenido un llamado de autoridades extranjeras, ni solicitudes de extradición”, dijo Cancino, quien aclaró que su defendida, Enilse López, dice estar dispuesta a viajar a cualquier país que se lo solicite a demostrar que no tiene ningún vinculo con narcotraficantes, ni paramilitares.
Cancino señaló que el mandatario de Magangué pretende desarrollar su plan de gobierno a costa de la honra de la familia Alfonso López, quizá con el ánimo de desviar la atención y tapar sus posibles errores.
Aunque aún no han hecho efectiva las denuncias por calumnia e injuria y otros delitos, el abogado señaló que esta semana le será presentado al mandatario un amplio derecho de petición, en el cual deberá resolver varios interrogantes sobre sus declaraciones al periódico El Tiempo,  publicadas hace 4 días.
Entre los interrogantes, según Cancino, está que el mandatario debe responder si tiene o no pruebas sobre la compra y venta de votos de parte de familia Alfonso López en Magangué y si ha puesto ésta situación en conocimiento de las autoridades competentes.
“No conocemos hasta ahora ningún llamado de autoridad alguna en torno a compra de votos que relacione a la familia Alfonso López”, dijo el profesional del Derecho.
Otro interrogante que deberá responder es si tiene las pruebas y ya interpuso las denuncias del caso, tras afirmar que Enilse López es el punto de conexión de la droga que viene del interior del país con el Golfo de Morrosquillo.
“El debe responder estos interrogantes porque si ha hablado libremente en un medio de comunicación nacional sobre estas situaciones, como servidor público está obligado a denunciar formalmente con pruebas ante las autoridades, si no lo hace está infringiendo la ley”, dijo el abogado.
Aseguró que desde su campaña el mandatario ha venido montado en una caballo de difamaciones que no tendrá como comprobar en contra de la familia Alfonso López.
“Uno como servidor público y como alcalde no puede salir a la calle a dar declaraciones contra otras personas y muchos menos si no tiene pruebas que lo respalden”.
Sin embargo, el jurista sí considera oportuno que los medios de comunicación indaguen con el alcalde si tuvo o no apoyo económico de familias conocidas en la región como la Arana y como la de Gonzalo Botero.

Solo un caso
Son tres los abogados de la familia López que les ha tocado afrontar más de 100 denuncias, de las cuales solo una se mantiene activa, pues las demás han sido falladas a su favor.
El caso tiene que ver con una condena de 9 años, en primera instancia, y que pasó en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El caso hace referencia al  homicidio del vigilante Amaury Fabián Ochoa, cometido el 12 de junio de 2002.
Sin embargo, y por su delicado estado de salud, López no está detenida en la cárcel y goza de una medida especial que le permite estar en su residencia.
Su abogado asegura que tiene una medida especial que le permite, previo aviso a las autoridades, movilizarse de un lugar a otro.