Con una carpeta cargada de documentos que soportan las actuaciones administrativas que tuvo el Distrito frente a la construcción del polémico proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, el cual perjudica a un Bien de Interés Cultural (BIC) como lo es el Castillo de San Felipe, el alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, manifestó su confianza en el accionar del Distrito frente a este caso y reiteró que recibe con gratitud todo el apoyo del Ministerio Público, entidad que desde el primer momento tomó una posición contundente que está enmarcada en el Plan de Normalización Urbanística. (Lea aquí: “Se van a joder”: Alcalde (e) de Cartagena a los corruptos)
El mandatario contó que el jueves sostuvo una reunión informal con el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés, a quien le entregó copias de todas las medidas policivas que tomó el Distrito, y que se intensificaron desde el 24 de octubre del año pasado, fecha en que este proyecto fue suspendido por una inspección de Policía y amonestado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA).
“Quedamos en que como entregamos el informe dentro de las 48 horas que estableció el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ellos revisarían la información suministrada por el Distrito. Allí aportamos pruebas de las actuaciones policivas, de las cartas que se le han enviado a la ministra de Cultura y otras que se le hicieron llegar a Icofort, que es una de las 27 dependencias de Icomos para la Unesco, que se encarga de las fortificaciones, todo esto en el marco del convenio que tiene la ciudad con ese organismo consultivo desde el 2016, precisamente para el acompañamiento del Patrimonio de Cartagena.
“Estamos sumamente agradecidos con el procurador general de la Nación porque hemos trabajado desde el año pasado en el Plan de Normalización Urbanística de Cartagena y este plan es único en el país, un plan en el que este órgano de control y la Alcaldía suman esfuerzos para que el control urbano se haga de una forma efectiva, de cara a la ciudadanía”, expresó Londoño Zurek.
El alcalde recalcó que este plan contempla siete acciones, como por ejemplo fortalecer las inspecciones de Policía y las Comisarías de familia, a las que el Distrito les invirtió 9 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que desde hace años estos espacios habían estado en completo descuido hasta el punto de no tener maquinaria ni personal suficiente.
Playetas se haría en varias fases
Otro de los puntos a los que se refirió el alcalde (e) fue a la construcción de la vía Playetas, en Barú.
Londoño contextualizó que en 1996 el Distrito hizo una concesión con el Consorcio Vial Barú y que en el 2006 se inició la construcción de la carretera de Barú, todo esto a través de un cobro de Valorización, pero de 2006 a 2016 no había licencia ambiental para el tramo de Playetas y pese a eso se construyeron los primeros kilómetros de la vía hasta ese sitio.
“Toda la parte de Playetas en 2016 quedó sujeta a una licencia que vale aproximadamente 58 mil millones de pesos, es decir, exactamente igual a lo que costó la construcción de todo el corredor (...) a finales del 2017 el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, manifestó que aportaría 15 mil millones de pesos a Playetas, por lo que sostuvimos la primera reunión con el concesionario el 28 de diciembre del año pasado para explorar la fórmula jurídica de sacar Playetas adelante y el compromiso fue que nos tomaríamos el tiempo para definir el mecanismo”, explicó.
Londoño Zurek contó que en enero pasado el Comité Distrital de Riesgo y Desastres declaró alerta ambiental en Playetas y desde entonces se han analizado todas las opciones con propietarios de predios en Barú que pagaron valorización, con los concesionarios de la vía, con las oficinas de jurídica de la Alcaldía y de la Gobernación, la forma idónea para pasar los recursos.
“El gobernador aportará 15 mil millones a Playetas, pero esto no es suficiente, por eso llamamos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la semana pasada para ver si era posible hacer en fases el proyecto de Playetas. El ente conceptuó de manera informal que sí se puede hacer y que la fase 1 costará 15.300 millones de pesos aproximadamente para mitigar y contrarrestar un posible daño ambiental”, explicó.
Por el momento, el Distrito espera el concepto final de la ANLA y mientras eso ocurre analizan cómo pasan los recursos de la Gobernación al concesionario y bajo qué modalidad recibe esos recursos, o si por el contrario no será el concesionario el que ejecute las obras de protección.
Respecto al pronunciamiento del gobernador de que este dinero estará sobre la mesa hasta finales de marzo, el alcalde le pidió que no condicione los recursos. “No es que no queremos que algo pase en Playetas. Entiendo que el señor gobernador ha condicionado los recursos, yo lo invitaría a que no condicione un dinero que es muy importante, por lo que esperamos que siga su voluntad inicial”, dijo el alcalde (e).
Edificios en riesgo
Con preocupación percibe la ciudadanía los últimos hechos desatados tras la ola de construcciones ilegales en Cartagena, las cuales tienen perjudicadas a 108 familias residentes en 16 edificios que fueron construidos por el denominado ‘clan Quiroz’.
El mandatario fue enfático en respaldar a estas personas y recordó que el Distrito está dentro el plazo otorgado por un juez de la República para cumplir con ciertos compromisos como lo es otorgar subsidios de arrendamiento a los perjudicados. “Estamos trabajando con la lonja de propiedad y raíz para el avalúo de los apartamentos. Tenemos los recursos aprobados para el pago de las obligaciones producto de la sentencia de la juez y además tenemos conversaciones con la Universidad Nacional de Colombia para que sea la que haga el peritazgo de los estudios de los 16 edificios construidos y que están en riesgo.
“Seguimos en calamidad pública e invitamos a las víctimas de esta situación a que permitan el censo por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, porque este censo es un requisito que impone la ley apenas hay una calamidad. Entendemos la situación humanitaria, pero les pedimos que nos permitan tener un balance de damnificados”, aseveró.
En cuanto a la operación “Castillos de Arena”, emprendida por la Fiscalía y la cual tiene tras las rejas a varios miembros de la familia Quiroz y que empezará su segunda fase con capturas de funcionarios, el alcalde (e) dijo que actuará con severidad en caso que empleados del Distrito estén involucrados.
“Estamos en una mesa de trabajo con el fiscal general, quien vendrá a Cartagena la semana entrante. Que sean los responsables llevados a la Justicia. El riesgo y la integridad de las personas es algo que no se puede pasar por alto”, concluyó.
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