La ocupación indebida del espacio público en Cartagena es un tema de todos los días. La problemática social viene de años atrás y con el cambio en los gobiernos de turno, se trazan proyectos o alternativas encaminadas a dar solución a este flagelo que le cuesta al Distrito 91 millones de pesos mensuales para su control.
Este control sobre el uso del suelo, las ventas de productos y comidas informales, el parqueo en zonas peatonales representan un obstáculo constante para la movilidad y un desafío para la gerencia del Espacio Público. (Lea:¿Dónde está la autoridad?)
La entrada en vigencia del nuevo Código de Policía y Convivencia establece en el artículo 140 que: "Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse: (…) ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes".
Y advierte que “quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de aplicación de las siguientes medidas: (…) cuando el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se refiera el numeral 4 del presente artículo, se realice dos veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o destrucción del bien con que se incurra en la ocupación", la norma entra entonces a endurecer el objetivo de no permitir invasiones en un espacio que nos pertenece a todos”.
El pasado miércoles un operativo en el Mercado de Bazurto, específicamente en la transversal 22, que tenía como fin desocupar zonas que han sido desalojadas por el Distrito, terminó en protestas lideradas por varios comerciantes que denunciaron abusos de los brigadistas que realizaron el control sorpresa.
"Nos dejaron con las manos vacías. Esta mercancía es fiada, es plata de cachacos que hemos prestado al interés. Pedimos que nos devuelvan los pescados, no es la primera vez que se nos llevan las cosas (...) Que nos busquen un lugar donde podamos trabajar dignamente, para llevarles el pan a nuestros hijos", indicó a este medio Miriam Ramírez Salguedo, vendedora.
Iván Castro Romero, gerente de Espacio Público planteó su argumento: "Nosotros tenemos una acción popular que nos obliga a la recuperación de las transversales 22, 23, 24, 25 y 26 del barrio Martínez Martelo. La transversal 22, conocida como sector Los Andes, una zona donde ya se hizo una compensación económica del 50 % de las personas que allí estaban. Ese martes 22, atendiendo la acción popular, y atendiendo lo que nos toca hacer a nosotros, que es mantener esas áreas de espacio público recuperadas, libres de vendedores informarles, hicimos el operativo. De ese operativo de recuperación, se hicieron 40 retenciones, se desmontaron 7 locales y estas son persona que ya hemos amonestado y que han pasado por la gerencia".
"No son los pobrecitos"
Castro Romero señala que la realidad del Espacio Público se divide hoy entre "buenos" y "malos". El funcionario señala que la comunidad tiene dos puntos de vista, el que pide al Distrito recuperar el espacio público y el que sostiene "pobrecito vendedor informal déjenlo trabajar".
"Pero en la gerencia nos toca hacer lo que nos toca hacer: Recuperar el espacio público y esto no solo encaminado a controlar los vendedores que ya fueron compensados sino también a todas aquellas personas nuevas que planean ocupar el espacio. Estamos verificando quienes están en el Registro Único de Vendedores, estamos llegando calle por calle, estamos sancionando, estamos armando bases de datos y estamos informado a los inspectores de Policía quiénes son los reincidentes para que estos puedan endurecer las sanciones", explica.
El problema para Iván Castro se origina desde que se incumple el pacto ciudadano con la gerencia del Espacio Público. (Lea:La eterna batalla por liberar el Centro Histórico de las ventas ambulantes)
"Las personas que son reconvertidas, que se les entregó dinero, están volviendo a ocupar. No hay un pacto ciudadano en torno a esto. Mientras la ciudad no tenga claro cuál es la visión que quiere del espacio público vamos a tener el mismo inconveniente. Entonces la persona que fue reconvertida y vuelve al Espacio Público y que es objeto de las acciones de esta oficina, nos ocasiona una mala imagen porque critica lo que tenemos que hacer", expresa.
La estrategia del "yo vendo por donde la gente pase"
Marina López* vende bollos desde hace 12 años, vive en el municipio de Arjona y todos los días se desplaza hacia el Centro Histórico para trabajar. Su lugar predilecto es la plaza del Joe Arroyo, cerca de un reconocido supermercado. Asegura que ya cumple 8 años en este sitio y le gusta porque “pasa bastante gente”.
“Desde que comencé con la venta de mis bollos me he puesto en este lugar. Siempre he sido precavida cuando se acercan los brigadistas de espacio público porque ajá, yo sé que tienen que hacer su trabajo pero yo aquí no molesto a nadie y gracias a la gente que pasa y me compra mis bollos, puedo llevar platica a mi casa”, cuenta.
Su nombre hace parte de los 1400 vendedores consignados en el Registro Único de Vendedores, expresa tener el derecho de confianza legítima y rechaza que algunos vendedores ambulantes no cumplen con la norma.
Para el gerente del Espacio Público, la situación de Marina* no dista de la de otros vendedores en el Centro.
"Cuando se ejecutó el Acuerdo 010 de 2014, no fue el 100 % que se logró de la desocupación en la Avenida Venezuela. Quedaron personas que inclusive, están dentro del Registro Único de vendedores que no aceptaron la reconversión. Entonces uno observa que camina por Foto Japón que ahí no se hizo el andén. Caminas por Puerto Duro y te das cuenta que el andén estuvo inconcluso (…) Entonces hay personas que tienen confianza legítima y sobre las cuales debemos seguir trabajando el proceso que se empezó”, indica.
Nuevas alternativas
Hasta la fecha se han realizado 15 operativos focalizados y controles diarios en el Centro, Bazurto, Castellana, Plazuela, Los Ejecutivos y Bocagrande.
Sitios que una vez se recuperan vuelven a ser invadidos. La Administración actual contempla una nueva estrategia y espera que con el amparo en el Código de Policía se logren mejores soluciones.
"Estamos ideándonos con la Policía un mecanismo más efectivo. Porque vemos que el vendedor informal no estacionario, el que tiene la carreta y circula por las calles no es objeto del operativo sino que hay que estarles instruyendo que se muevan del espacio, esto forma hasta parte de la cultura cartagenera, pues ya es costumbre que la gente compre el plátano al señor que pasa por su casa y así”, indica Iván Castro.
“Vamos a hacer un trabajo informativo-coercitivo. Con el fin de decirle al vendedor informal: No puedes estar aquí, y de esta forma vamos controlando el fenómeno, vamos sancionando, y al final se aplicaría la retención de la mercancía y de la carreta si se pasa de los tres llamados de atención”.
ElUniversal.com.co recorrió las zonas y sitios que en años anteriores fueron recuperados y como muestran las fotografías...todavía hay mucho por hacer.
Comentarios ()