El desplazamiento forzado arranca a sus víctimas de su tierra y de sus costumbres, pero hay los que se resisten. Con la fuerza de quien ha perdido casi todo, Luz Marina Nisperuza recogió hace nueve años lo que no le había robado la guerra y lo sembró en el Cabildo Indígena Zenú de Membrillal. Empezó parando una casa a punta de tablas de madera y cinco años después, cuando creyó que ya la tierra era más de ella que de cualquier otro, llenó su patio de árboles frutales para sentirse viviendo en su natal Tuchín.
Ese amor por la tierra y el talento para hacerla producir, tampoco se lo robó la guerra. Como otros vecinos del cabildo, prestó tierras cercanas para sembrar; son la yuca, el maíz y el ñame que tiene sembrados, los que salvan las comidas diarias de ella y su familia. Pero también la salvan del desarraigo definitivo de sus costumbres y tradiciones.
Dentro de esa casa estaba el 8 de agosto de 2017, cuando la tranquilidad del cabildo se interrumpió por la presencia de funcionarios que llegaron para hacer efectiva una orden judicial de desalojo contra ella y todos sus vecinos. Y dentro de ella se quedó, resistiéndose a un nuevo desplazamiento, hasta el 9 de agosto, cuando se anunció la suspensión de la diligencia. Seis meses después y tras varias reuniones de autoridades, ministerio público y afectados, Luz Marina tiene la convicción de que la van a sacar del terreno, pero todavía no sabe para dónde.
Sin garantías
Más de 200 personas viven en la finca donde tiene su asentamiento el Cabildo Indígena Zenú; de ellas, 96 son menores de edad y 18 adultos mayores. Y son indígenas y personas víctimas de la violencia.
El 7 de febrero hubo una reunión con representantes del cabildo, la Unidad de Víctimas, la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, entre otras autoridades, para hacer frente a una nueva fecha de desalojo, programada en estricto cumplimiento de la orden judicial, para el 20 y 21 de febrero.
La revisión se da porque hay unos derechos que se les deben garantizar a los miembros del cabildo para que se pueda ejecutar el desalojo sin afectar su condición de víctimas.
Roger Suárez, capitán del cabildo, aseguró que no existen las garantías, pues el Distrito no tiene una ruta que permita su atención integral y que no se está teniendo en cuenta que la ley los protege.
“Si bien es cierto que se está cumpliendo con la sentencia judicial, existe una jurisdicción especial indígena en Colombia y a nivel internacional para protegernos, pero a pesar de ello seguimos luchando para que no nos vulneren más”.
Un remanso
Desde que fueron reconocidos como cabildo indígena, cada alcalde que pasó por el Palacio de la Aduana les prometió alguna atención, pero gran parte de la organización que hoy tiene el caserío ha sido por sus propios esfuerzos. “Cuando nosotros llegamos aquí, esto no tenía vía, no teníamos estas casas, eran cambuches de plástico y de la entrada del cabildo nos tocaba a nosotros cargar los alimentos hasta aquí en animal o a hombro”, recordó César Alcántara, quien junto a su familia lleva ocho años viviendo en el territorio.
La electricidad también la lograron uniendo esfuerzos; espacios comunitarios como la ‘Casita verde’, la biblioteca y los baños comunitarios fueron donados por otras organizaciones.
Arraigados
Los niños en edad escolar que viven en el cabildo caminan hasta Membrillal para recibir clases. Aleida Flórez, artesana y agricultora, tiene tres niños que están en primero, quinto y sexto grado.
Su arraigo a esa tierra es total, pues alrededor consigue casi todo lo que necesita para salir adelante.
Al lado de su casa de madera, las ramas de una mata de caña flecha se balancean con la brisa. La sembró hace unos años, cuando dejó de conseguir la palma, materia prima de sus artesanías. Detrás de su casa, en una tierra que no pertenece al cabildo, tiene yuca sembrada.
El día del intento del desalojo, estaba por fuera y cuando llegó ya habían tumbado dos casas; “hubo una señora a la que le iban a tumbar la casa, pero no lo hicieron porque ella se quedó adentro, se encerró y dijo que si iban a tumbar algo, tenía que ser con ella dentro”, narró Aleida.
Las familias de esas casas que alcanzaron a ser destruidas, regresaron al mismo territorio y las volvieron a hacer, esta vez con plástico.
Buscan tierras cercanas
Los habitantes del cabildo coinciden en que en ningún momento han tenido la intención de quedarse con las tierras, cuando llegaron al lugar lo hicieron en calidad de arrendatarios, y comprenden que el dueño ahora esté reclamando su propiedad, pero tampoco pueden segregarse, rompiendo un vínculo social y territorial que lleva más de una década.
La reunión del 7 de febrero dejó dos grandes compromisos. El primero es del cabildo, quienes deben buscar predios cercanos que puedan comprar, el dueño debe presentar la venta voluntaria a la Agencia Nacional de Tierras y ahí empezarían varias acciones para lograr la compra. “Teniendo el predio faltaría la constitución del resguardo, que estaría en cabeza de la Agencia y el Ministerio del Interior, pero eso se demora un tiempo y la nueva fecha del desalojo ya se nos viene encima otra vez”, destacó el capitán.
El segundo compromiso es la exposición que debe hacer la Defensoría del Pueblo al juez encargado del caso para recordarle que con la decisión de desalojo estaría violando los derechos de la población indígena, provocando una ruptura social y motivando discriminación en caso de que se diera el desalojo. “Lo que buscamos con eso es que se dé un tiempo oportuno que permita a las entidades territoriales hacer una acción conjunta o coordinada para garantizar nuestros derechos colectivos, porque no somos unos ciudadanos cualquiera”, concluyó Suárez.
Pendientes de restitución de derechos
Luisa Margarita Gil, coordinadora nacional del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas, quien presidió la reunión, fue enfática en manifestar la importancia de actuar de manera inmediata para garantizar los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad que permitan reubicar, de manera efectiva, a la comunidad étnica. “Adelantamos un trabajo técnico con las comunidades que ya han definido que no necesariamente su permanencia sea en Membrillal, sino en un lugar que le presente condiciones similares a donde están actualmente y eso facilita que el proceso de reubicación pueda darse prontamente”, señaló.
En segundo lugar, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar se comprometen con la búsqueda del predio para la reubicación, esto incluyen los baldíos que tengan en su inventario para ser ofertados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“Como coordinadores del sistema, después de adquirido el predio, formularemos el Plan de Reubicación, con el concurso de todas las entidades, lo que traerá compromisos importantes en tiempo, presupuesto y acciones de acuerdo con las competencias de cada una”, dijo la directora territorial de la Unidad en Bolívar, Miledy Galeano Paz.
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