Cartagena


Edurbe le responde a Funcicar: "cobramos por administrar, no por intermediar”

MÓNICA MEZA ALTAMAR

20 de mayo de 2018 07:00 AM

Por administrar, y no por intermediar, la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe) se quedó con un porcentaje de los 52.950 millones 229 mil 517 pesos que invirtió el Distrito, en 2017, para la ejecución de 17 contratos. Así lo aseguró a El Universal el gerente de Edurbe, Bernardo Pardo, quien sostuvo que el cobro por administrar, “está reglado, institucionalizado en nuestros estatutos, en nuestro manual”. Lea aquí: (Edurbe, de intermediaria en 17 contratos a “cero convenio”)

Explicó que “nosotros contratamos con el Distrito por un monto equis, que tiene un presupuesto oficial que nos entrega el mismo Distrito, a través de la Secretaría de Infraestructura. Ese presupuesto oficial a su vez tiene un análisis de precio unitario, ítem por ítem, de lo que se ejecuta; y se discrimina con unos costos directos, con los que se construye la obra como tal, que ascienden al 70 % de este valor global; y el 30 % restante corresponde a unos costos indirectos. Estos son lo que conocemos como AUI (Administración, Utilidad e Imprevistos). Todos los contratos tienen este precio oficial. Aquí no hay nada inventado”.

Pardo sostuvo que si para ejecutar las obras contratadas con el Distrito, “aperturamos un proceso contractual con una convocatoria, sea pública o cerrada, de conformidad con nuestro manual de contratación; tomamos los mismos costos directos porque son invariables, con ellos se construye la obra como tal. Y los costos indirectos en nuestro proceso varían. Ese AUI que estaba en el 30 % ya será menor porque nosotros sí cobramos por administración”.

Con base en información entregada por Edurbe, El Universal estableció cómo varío el AUI del contrato “realizar obras de reparación y mantenimiento de diferentes instituciones educativas oficiales”, firmado entre el Distrito y Edurbe; al contrato firmado entre Edurbe y el consorcio Obras Escuelas Cartagena 2017, con el mismo objeto.

Recordemos que para ejecutar obras en 31 colegios, Edurbe y el Distrito firmaron un contrato el 20 de octubre de 2017, por 5.301 millones 31 mil 172 pesos, y Edurbe subcontrató al consorcio Obras Escuelas Cartagena 2017, por 4.982 millones 750 mil 927 pesos. Pese a que la diferencia fue de 318 millones 280 mil 245 pesos, en ambos contratos se estableció un costo directo de 4.077 millones de pesos. Los costos indirectos (AUI) sí variaron bastante.

Entre el Distrito y Edurbe, el AUI quedó en un 25 %, así: Administración (17 %), $693.102.536; Imprevistos (3 %), $122.312.212; Utilidad (5 %), $203.853.687; y se adicionó un 5 % ($203.853.687) por concepto de gerencia técnica, que va a manos de Edurbe, para un total de $1.223.122.122.

Y entre Edurbe y el consorcio Obras Escuelas Cartagena 2017, el AUI quedó en 22,2 %:  Administración (15 %), $611.630.637; Imprevistos (2,2 %), $89.705.826; Utilidad (5 %), $203.876.879, para un total de $905.213.342 en AUI.

Según Pardo, con lo que se cobra por gerencia técnica “es que se sostiene la empresa. De ese 5 % salen unos gastos operacionales, que son las pólizas, los gastos financieros y los impuestos que pagamos. No cobramos por intermediación, a diferencia de otras empresas”.

Lo cierto es que al subcontratar las obras, la empresa redujo un 2 % la administración y un 0,8 % los imprevistos. “¿El Distrito está perdiendo plata al contratar con nosotros, como dice Funcicar?” -insistió el gerente-. “Claro que no” -respondió-.
Recalcó que “si hace licitación pública gasta lo mismo, porque el contrato sigue costando el mismo monto y para un contratista, sea particular y no Edurbe, el AUI es del 30 %. Se hace la obra con el 70 % porque la administración no entra en la ejecución directa. La utilidad es lo que se gana y los impuestos todos tenemos que pagarlos en un sistema como el nuestro.

“Aquí no ha perdido un solo peso el Distrito. Nosotros no cobramos un solo peso por administración por encima del valor del presupuesto oficial. Sí es legal reducir los costos indirectos cuando voy a afectar porque tengo que pagar impuestos, pólizas; a nosotros no nos pagan, no recibimos un solo peso de transferencia como otras entidades. Vivimos de las utilidades que ganamos por gerenciar, porque en nuestros estatutos, somos gerentes de proyectos. Nuestros convenios están dentro del marco legal”.

“Ejecuto lo contratado”

Ante el supuesto incumplimiento del contrato “realizar obras de reparación y mantenimiento de diferentes instituciones educativas oficiales”, Pardo sostuvo que “la Secretaría de Educación y su unidad de Infraestructura nos entregaron unos presupuestos, obras y cantidades que teníamos que ejecutar”.

En el caso de la I. E. Luis Carlos López, donde el rector Germán Gónima se quejó de que la grama sintética resultó insuficiente para cubrir el jardín infantil, y en los salones de preescolar se instaló un techo que era “la mitad nuevo y la otra viejo”; afirmó que “la plata asignada por la Secretaría de Educación para el techo alcanzó para poner la mitad del techo, no para ponerlo completo.

“En el contrato se dice que de grama sintética son 80 metros cuadrados y el rector dice que son 120. Yo soy contratista y tengo que ejecutar lo que me contratan, no lo que quiera el rector porque me ciño al contrato”.

Pardo recalcó que “siempre estuvimos dentro de los tiempos contractuales porque se dieron unas prórrogas adicionales atendiendo a las necesidades y a que hubo compensaciones en varias escuelas. Por ejemplo, se había contratado cambiar la cubierta, pero al llegar al colegio dijeron que preferían que hiciéramos los baños. Eso se consultó con la Secretaría, que lo autorizó y es legal”.

La necesidad real

Para conocer las necesidades reales que en materia de infraestructura tienen los colegios oficiales, Edurbe realizó una evaluación entre enero y febrero de este año.

Roberto Parra, subdirector técnico de Edurbe, dijo que “el análisis arrojó un valor en esas obras que hacían falta por alrededor de los 2.600 millones de pesos (...) ese presupuesto lo tiene la Secretaría de Educación y es la que tiene que tomar la decisión de salir a ejecutarlo, pero no es Edurbe que dejó de hacer”.

¿“Cero convenios”?

Sobre la afirmación del alcalde Antonio Quinto Guerra Valera: “Nos comprometemos con los cartageneros públicamente, que en nuestro Gobierno, de año y medio de transición, cero convenio con Edurbe”; el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano manifestó que “el alcalde, que es el presidente de la Asamblea General de Accionistas y presidente de la Junta Directiva de la empresa por estatuto, no nos lo ha manifestado. Somos respetuosos de todas las afirmaciones y de lo que el alcalde requiera”.

Pardo resaltó que “de manera informal sí me ha manifestado que el objeto social y el objeto misional de nosotros, que es el saneamiento ambiental, que lo estamos ejecutando, lo estamos haciendo bien.

“Este es un nuevo Edurbe, una nueva administración y tenemos un chip diferente. Aquí ya no hay unidad de caja ni desorden. Puedo tener plata para una obra y si la otra no tiene, no puedo coger de esa para la otra, todo tiene una destinación específica. Están las cuentas claras. Aquí no manejamos un solo peso, es puro papelito y le doy una instrucción a una fiducia y un patrimonio autónomo donde se manejan los recursos”.

8 canales listos

El gerente de Edurbe anunció a El Universal que para ejecutar la primera fase del Plan Maestro de Drenajes Pluviales, la Universidad de Cartagena ya entregó los estudios y diseños de los primeros ochos canales. Estos son: Ricaurte, Chía María inicial, Chía María final, Juan José Nieto, Alameda, Villa Rubia A, Villa Rubia B y San Fernando, en inmediaciones de la Cárcel de Ternera.

Sostuvo que la contratación de estas obras podrá iniciarse una vez el Establecimiento Público Ambiental (EPA) conceda el permiso para intervenir en el cauce de los cuerpos de agua. “La vamos a contratar a través de una convocatoria pública y abierta. Solicitamos acompañamiento preventivo a la Procuraduría y la entidad les respondió que “no se hace necesario (...) considera que se realizarán (las obras) en cumplimiento de los principios de contratación establecidos legalmente”.

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