La tragedia que hace mucho tiempo se temía y pronosticamos aquí, ocurrió ayer en Cartagena: dos adultos y una menor murieron bajo los deslizamientos de tierra provocados por uno de los aguaceros más largos e intensos de los últimos tiempos en la ciudad. Durante el último año, y otros anteriores, pequeños derrumbes y desplomes de viviendas en las laderas de La Popa avisaron de los desastres posibles si no se prevenían y, en muchos casos, no se reubicaban muchas familias en peligro. El problema, por supuesto, es más complejo y la reubicación es apenas parte de la solución, pues a su agravamiento contribuyen circunstancias estructurales como la pobreza creciente y la expansión urbana motivada por la inmigración a Cartagena de miles de personas. La Administración distrital tiene un mapa más o menos completo sobre las familias en zonas de alto riesgo y está consciente de que muchas requieren reubicación sin demoras, pero diversos factores obstaculizan las decisiones, como la imposibilidad de controlar la reocupación de zonas despejadas, la insuficiencia de tierra para vivienda social, la tramitomanía para obtener recursos para los proyectos habitacionales y el empeoramiento de las lluvias, que intensifican el peligro exponencialmente. Si “La Niña” dura hasta diciembre, ¡aún nos faltan 5 meses de lluvias! Ante la dimensión del problema, la solución no está en manos del Gobierno local exclusivamente. Se requieren recursos y apoyos nacionales para poner en marcha un plan verdadero de reorganización urbana, que no sólo ordene el uso del suelo y el crecimiento de la ciudad, sino que impida los asentamientos informales, especialmente donde el peligro es permanente. La ocupación de sitios que en teoría son reservas naturales, como las faldas de La Popa, por familias que edifican sus casas allí, improvisadas y endebles, no sólo las pone en peligro, sino que acelera la destrucción de la escasa protección vegetal lograda después de muchos años de planes de reforestación. La desocupación a la fuerza ha demostrado su ineficacia y provoca tensiones sociales que convierten el problema en desafío de orden público. ¡Se necesita entonces una vigilancia efectiva para impedir las reocupaciones e invasiones! Pero hasta ahora, no parece existir una estrategia más contundente para lograr que las familias salgan de los sitios riesgosos sin que a los pocos días sean reemplazadas por otras, haciendo imposible que el remedio sea definitivo. Es imperioso que se formule de inmediato un plan de prevención de riesgos y mitigación de los efectos naturales en los desastres, porque Cartagena es vulnerable a ellos y crecieron las probabilidades de que se presenten. Como hay otros factores que deben controlarse, y que dependen del Gobierno nacional, es preciso que la clase dirigente de Cartagena se comprometa para que se aprueben los recursos y se nos incluya en las prioridades de desarrollo. Hasta ahora, los parlamentarios locales han logrado muy poco en ese sentido. Si creemos que la solución a los problemas de las inundaciones y aludes se limita a repartir colchonetas y cobijas, estamos perdidos.
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