Transparencia Internacional (TI) define la corrupción política como “el abuso del poder confiado a los líderes políticos para satisfacer intereses particulares, en detrimento del interés colectivo”. Puede adoptar diversas formas, y aunque la más común de ellas es la apropiación de los recursos del Estado, también es muy frecuente el tráfico de influencias o el otorgamiento de favores que convierten la política en una amenaza para la democracia. Las prácticas de corrupción política incluyen una variedad de delitos y de actos ilícitos, perpetrados por los funcionarios públicos –que ocupan cargos gubernamentales como cuotas de los partidos y movimientos–, y por los líderes políticos que buscan ser elegidos para representar a la ciudadanía. Una de las modalidades de corrupción política es la que se presenta en la financiación de los partidos y campañas electorales, a la que TI considera de riesgo alto, de manera que, a dos semanas de los comicios para elegir al próximo Presidente, los colombianos debemos estar conscientes de las formas que adopta la corrupción electoral, para denunciarla. En primer lugar, cada ciudadano debe asegurarse de que el candidato cuyo programa de gobierno le atraiga más, y por el que eventualmente votará, tenga fuentes de financiación lícitas, porque los aportes económicos tienen límites legales para evitar que alguien utilice el financiamiento de una campaña para presionar posteriormente la adopción de medidas gubernamentales en beneficio particular. Este financiamiento, que se disfraza de múltiples maneras para aparentar cumplir con las normas, es el que más distorsiona la capacidad de un gobernante elegido para poner en marcha las políticas que enfocarán la vida social y económica del país en el beneficio público. Por supuesto, en una democracia, muchos grupos de interés privado legítimo pugnan por lograr que los gobernantes y los parlamentarios promulguen decretos y leyes que les faciliten el cumplimiento de sus objetivos comerciales, políticos o sociales, y algunos de ellos pueden aportar a una u otra campaña, con la esperanza de lograr que se los tenga en cuenta. Esta dinámica no es ilegal ni antiética mientras se mantenga a la vista de todos. Hay grupos de presión reconocidos y legales en muchas democracias del mundo, conocidos como “lobbies”, que funcionan bajo reglamentos claros, aunque algunos suelen abusar. Pero cuando la financiación la realiza un número reducido de personas o grupos, con aportes enormes, más que un apoyo, se trata de un soborno, un chantaje, cuya cuenta de cobro se pasará más adelante. Antes de seleccionar el candidato por el que votará el domingo 30 de mayo, es preciso que cada ciudadano indague, no sólo si hay indicios de que ha sobrepasado los topes de gastos, sino sobre los orígenes de los recursos que utilizó para su campaña, quién aportó y cuánto. La política colombiana ha estado demasiado inmersa en la corrupción generada por los caudalosos ríos de dinero que la han financiado, y es hora de acabar con este esquema viciado y perverso.
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