Han pasado 210 días desde que a los padres de 25 niños y niñas con enfermedades onco-hematológicas se les notificó que, ante la negligencia de las EPS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado al Estado colombiano amparar la vida de sus hijos. Lea aquí (CIDH protege a niños con cáncer de la Costa Caribe)
Hoy, dos de los protegidos: Sheila López y Karen Moya están en riesgo. Ellas no han tenido acceso a un tratamiento médico integral, adecuado y continuado, y la fundación Unidos por la Justicia, que desde su sede en Washington (Estados Unidos) defiende sus derechos, teme que pierdan la batalla, como ocurrió con Víctor Manuel y Santiago, de 7 y 12 años. Lea también (Santiago perdió la lucha contra el cáncer y su EPS)
Cabe recordar que ambos niños hacían parte del grupo de 25 amparados por la Comisión, pero el primero falleció el 25 de agosto de 2016, por un rabdomiosarcoma embrionario de muslo derecho; y el segundo el 7 de noviembre de 2017, tras luchar contra un cáncer de tipo leucemia linfoblástica aguda.
Ángela Margarita Rey Anaya, directora de Unidos por la Justicia, manifestó que “nos preocupa mucho el caso de Sheila. Ella está esperando un trasplante de médula ósea y nos estamos moviendo alrededor de eso. El 10 de diciembre nos reunimos con la Cancillería y revisamos casos puntuales, entre ellos el de Sheila, por lo que ahí hay una advertencia con el Gobierno”.
“También hablamos del caso de Karen Moya -agregó- que se está complicando bastante porque sigue sin diagnóstico pese a que ya le hicieron la punción lumbar”.
Sheila, de 6 años, y Karen, de 17 años, padecen anemia de células falciformes. La segunda empezó a perder la vista de manera progresiva en agosto del 2014 y aún se desconoce la causa de su ceguera.
Los otros 21
Rey Anaya anunció que el próximo 25 de enero se va a realizar una jornada de actualización de información con padres de familia, para tratar y priorizar los casos de Sheila y Karen, y conocer cuál es la situación real de los otros 21 niños y niñas amparados por la CIDH. El último encuentro de este tipo se hizo el pasado 21 de noviembre y el balance no fue positivo.
“No sabemos qué resultado va a tener la jornada de actualización. Tiene tres propósitos. Uno, ver cuáles son las situaciones urgentes para atenderlas y empezar a gestionar lo que sea necesario; dos, poder decirle al Gobierno que nos reunamos para hacer seguimiento de los casos, con el tema actualizado; tres, enviar informe a la Comisión, porque ya requirió información sobre los 23 niños y niñas amparados. La idea es entregar el informe el 31 de enero”.
Recordemos que en un hecho sin precedentes en la Costa Caribe, el 16 de junio de 2017 la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 25 niños y niñas con enfermedades onco-hematológicas, tomando en consideración las particularidades de las enfermedades que padecen.
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