Casas destruidas, terrazas a punto de desmoronarse y paredes rajadas por la incontrolada erosión costera, fue lo que se evidenció en Tierrabomba, en la mañana de ayer, durante un recorrido convocado por la Defensoría del Pueblo, para verificar las condiciones en las que viven los moradores de la isla.
En el reconocimiento de la zona, que estuvo guiado por Mirla Aaron Freite, representante legal del Concejo Comunitario de Tierrabomba, participaron Jorge Otálora Gómez, defensor del pueblo nacional; Irina Junieles Acosta, defensora del pueblo regional; Rodrigo Torres, director regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS); y Natalia Trujillo Moreno, viceministra de Agua y Saneamiento Básico.
Además estuvieron presentes representantes de Electricaribe, Acuacar y Surtigas, para ratificar su compromiso de permitir el acceso de estos servicios públicos a la comunidad afrodescendiente. Lea aquí (“Después del gas esperamos que nos llegue el agua”)
El defensor del pueblo nacional, Jorge Otálora Gómez, indicó que con base en visitas anteriores, “nosotros ya habíamos dimensionado” la problemática ambiental, y “es claro que los habitantes de Tierrabomba cuando protestan no lo hacen por ir en contravía de las instituciones, si no porque se cansaron de que el Estado los tenga totalmente abandonados. Y los tiene abandonados en todos los escenarios, no solo en lo ambiental, que las casas ya se están cayendo por pedazos, si no en cuanto a servicios públicos, de políticas públicas, de un sitio digno para educación”.
Advirtió que “ya ese proceso pedagógico, ese proceso de convocatoria se ha terminado”, por lo que, según Otálora, en garantía de los derechos fundamentales de los habitantes de Tierrabomba es hora de acudir a las vías legales.
“Con el equipo jurídico de la Defensoría, a más tardar la otra semana, estamos estudiando si nos vamos por el camino de la tutela y convocamos a varias instituciones, no solo la Alcaldía y la Gobernación, si no a instituciones nacionales que tienen el deber legal y constitucional de enfrentar estos problemas y de acompañar a la comunidad (...) Lo primero que está en juego es la vida (...) porque en cualquier momento puede presentarse, Dios no lo permita, una anomalía ambiental y como consecuencia ellos van a perder la vida”, precisó.
De acuerdo con un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Cartagena, el embate de oleaje ha consumido unos 600 metros del territorio de la isla, lo que, según la líder del Consejo Comunitario Aaron Freite, ha ocasionado la desaparición de unas 70 casas y tiene afectadas a otras 110.
Para mitigar esta preocupante situación, el Defensor del Pueblo manifestó que “se presentaron los recursos de un OCAD y lamentablemente por falta de diligencia y atención de funcionarios” los proyectos no se ejecutaron.
Por ello, agregó que “vamos a convocar a los organismos de control para que revisen el actuar de esos funcionarios, que en su momento tuvieron el deber y no cumplieron con sus funciones”.
Otálora señaló que el paso a seguir será “convocar a los diferentes OCAD (...) para nuevamente solicitar los recursos y hacer una intervención urgente. Aquí estamos frente a un tema de desastre ambiental y por eso también vamos a convocar a la Oficina de Desastres para que colabore”. Lea también (En mayo se presentará proyecto para mitigar erosión en Tierrabomba)
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