Desde que se conoció la lista de los colegios privados que están siendo evaluados por su situación jurídica, que fue difundida por la Secretaría de Educación, los directivos de varias instituciones han manifestado que sí funcionan bajo la ley y que tal mención es injusta.
Tal es el caso de dos colegios que pidieron rectificación a El Universal por publicar sus nombres pero tal acción no le corresponde a este medio, teniendo en cuenta que este no es autoridad para definir qué colegios cumplen o no con los requisitos legales para funcionar y que la información fue suministrada por una entidad oficial.
“Se han radicado varios derechos de petición a la Secretaría de Educación por el daño al buen nombre de los colegios que sí funcionan bien (...) puede que algunos les haga falta algún papel porque está en trámite pero eso no lo puede desconocer la Secretaría de Educación”, explicó un vocero de la Asociación de Colegios Privados de Cartagena.
El representante de los colegios privados destacó que esperan que la entidad distrital encuentre los mecanismos para “resarcir el daño” pronto y que se haga con efectividad el acompañamiento a las instituciones educativas que tengan requisitos pendientes por cumplir.
En plena temporada de matrículas
De acuerdo con esta asociación, el perjuicio ocasionado por la Secretaría de Educación al difundir los nombres de los colegios es tan grave que puede afectar el patrimonio de los dueños de los colegios.
“Estamos en temporada de matrículas y la lista afecta gravemente a los colegios privados, pierden su credibilidad y esto afecta su patrimonio, por eso es importante la corrección ante la opinión pública”, señaló el vocero.
La van a depurar
El secretario de Educación Jaime Hernández Amín, señaló que la lista de los colegios privados la envió el Ministerio de Educación para su evaluación y esperan depurarla para identificar cuáles son los colegios que deben cumplir requisitos.
“Estamos revisando para saber cuál es la situación de cada colegio y de acuerdo con esto vamos hacer una campaña de acompañamiento con una fecha límite para que los colegios se pongan al día con la norma, porque la ilegalidad es innegociable”, dijo Hernández Amín
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