Desde las 8:30 de esta mañana reinició la audiencia de imputación de cargos contra los siete directivos de Reficar en desarrollo de la denuncia de corrupción por un posible peculado y un presunto desfalco de más de 610.000 millones de pesos. (Lea aquí: A paso lento avanza imputación de cargo a directivos de Reficar)
El fiscal del caso expuso el material probatorio con el fin de evidenciar la supuesta responsabilidad de Orlando José Cabrales, Felipe Laverde Concha y Pedro Alfonso Rosales Navarro para al parecer beneficiar con dos contratos a la firma CB&I, de los cuales Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman fungían como representantes legales.
El representante del ente acusador aseguró que entre Cabrales, Laverde y Rosales habrían fraguado una estrategia para beneficiar a la firma CB&I, de esta manera uno de los puntos en el plan consistía en modificar la modalidad base del contrato reembolsable a uno de manera global.
Además, lo establecido por el ente investigador confirma que la firma contratista tenía la obligación de presentar una oferta económica para el megaproyecto, pero los exdirectivos de Reficar los eximieron de esa responsabilidad.
Según el ente acusador, la participación de Rosales Navarro radica en que en su cargo como Vicepresidente Ejecutivo y miembro de la Junta Directiva de Reficar participó en las reuniones más importantes de la contratación con CB&I.
Rosales Navarro desde 2008 sabía que CB&I no se encontraba en disposición para presentar la oferta como correspondía, así mismo conocía de su poca experiencia para asumir la construcción de la Refinería, y según el Fiscal durante 2004 CB&I ya había concursado en la licitación de la Refinería de Barranbermeja en la que obtuvo la más baja calificación para asumir la remodernización.
Pese a conocer todo esto, Rosales Navarro liberó a CB&I de toda responsabilidad, contraviniendo lo pactado en el contrato de 2007 que seguía las directrices del Conpes 3312.
Durante julio de 2009 se realizó un acta en la que Rosales conceptuó el compromiso que consistía en llevar a la Junta Directiva la aprobación de CB&I en la modalidad de costo reembolsable con el fin de adjudicarle el contrato.
"La participación de Rosales en Ecopetrol en esta fase de la contratación fue esencial y contribuyente para que la Junta Directiva avalara los acuerdos con CB&I. Lo que llevó a que la contratación se tornara beneficiaria para Cb&I", dijo el Fiscal.
Para el ente acusador Rosales, Laverde y Cabrales favorecieron con esta contratación a CB&I en la modalidad costos reembolsables, toda vez que se sabía que no tenía la experiencia necesaria para llevar a cabo la obra.
Documentos revelados por la Fiscalía aseguran que Massoud Deidehban, representante legal de CB&I, no estaba de acuerdo en llevar a cabo una contratación de forma 'Costos Reembolsables' cómo fue acordado al iniciar el proyecto.
El fiscal expuso que para llevar a cabo la nueva modalidad de contrato, Laverde, Rosales, Cabrales, Asherman y Deidehban sostuvieron encuentros y conversaciones previas a la Junta Directiva en donde se advierte que ya existía un acuerdo para el contrato de 2010 bajo esa modalidad contractual.
ACTUAR DELICTIVO
Según el fiscal del caso, se dividieron el trabajo delictivo correspondiendo a Asherman y Deidehban como directivos de CB&I manifestar su reticencia de celebrar un contrato de 'llave en mano' y no cumplir con presentar la propuesta acordada.
Entre tanto, Cabrales Rosales y Laverde presentaron a la Junta Directiva de Reficar un acuerdo entre CB&I y los mismos.
Para el 15 de julio de 2010 se ajustaron los contratos entre ambas partes y de esta manera desconocieron el que ya se había citado durante el 2007. En ese sentido, una vez más el fiscal ratificó que CB&I no contaba con la capacidad suficiente para adelantar el megaproyecto bajo la modalidad 'llave en mano'.
Según el fiscal, Laverde estuvo en comunicación con CB&I y fue el estructurador principal de los contratos entre la firma contratista y Reficar.
Por su parte, Cabrales Martínez estuvo al tanto de los movimientos cuando ya que fungía como Representante Legal de Reficar y esto llevó a la suscripción por su propia mano de los contratos On Shore en julio de 2010 donde fueron firmados por Asherman, representante legal de CB&I.
Rosales Navarro acompañó y apoyó de manera definitiva la decisión de la Junta Directiva con el fin de que se llevara a cabo la firma del contrato.
La Fiscalía concluyó que los directivos de CB&I desde su cargo tenían el poder de decisión y capacidad jurídica para soportar esta contratación, la posición privilegiada de sus cargos les permitió estar activos con las negociaciones de Reficar.
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