Se abre otro capítulo en la historia que envuelve a los microbuses de San Fernando, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), ciudadanía en general y al Distrito.
A diferencia de lo que manifiesta el área de Transporte Público en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), de que le compete a un juez hacer efectiva la medida de nulidad que declaró en julio pasado el Tribunal Administrativo de Bolívar con la que se frenaría el paso de microbuses y apalancaría la ruta Simón Bolívar-Socorro de Transcaribe, la contraparte afirma que este proceso ni siquiera se está manejando en Cartagena.
“Ese proceso ya no está en Cartagena, sino en el Consejo de Estado, porque se interpusieron dos acciones de tutela y este ente solicitó el expediente, el cual se remitió del juzgado octavo al Consejo de Estado y esto seguirá así hasta que se resuelvan las acciones de tutela”, le contó a El Universal el abogado Juan Carlos Cárcamo.
Una de las acciones de tutela la interpusieron las comunidades afectadas en contra de la nulidad que declaró el Tribunal porque su representante, el abogado Cárcamo, no fue reconocido como tal por el magistrado a cargo del proceso.
“El magistrado me negó el recurso porque yo no tenía poder en el proceso para actuar y resulta que era todo lo contrario (...) actué en la audiencia de pacto de cumplimiento en el juzgado y entonces sí tenía plenas facultades, por lo que decidimos interponer la tutela. Tras esto el Consejo de Estado admitió la tutela”, agregó Carmona.
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