Dos informes de auditorías hechas por la Contraloría General de la República y que fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2016 y enero de 2018, respecto a contratos de relimpias de caños, arroyos y reservorios que hizo Cardique en el 2016, y que representarían un detrimento patrimonial por casi 28 mil millones de pesos, fueron determinantes para que el juez Sexto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías le imputara cargos a cuatro funcionarios de esa entidad y a dos de sus contratistas.
Se trata de Olaff Puello Castillo, director de Cardique, a quien le imputaron los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdo restrictivo de la competencia y concierto para delinquir.
Por otro lado están Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de la Corporación, y Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de los contratos, a quienes les imputarán peculado agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.
Además, a Bernabé Maldonado Maldonado, contador que habría participado en la articulación de contratos, le imputaron peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Por último, a Freddy Rodgers se le imputarán peculado, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.
Las pruebas
El fiscal 55 Especializado en Delitos para la Corrupción, Juan Carlos Galindo, aseguró que son 220 los contratos que no se ejecutaron, pese a que fueron pagados.
El funcionario mostró soportes de documentos falsos, entre ellos facturas, planos topográficos y registros fotográficos que fueron usados como comprobantes para acreditar la supuesta realización de las obras.
Resaltó que para el 2016 en la Subdirección de Planeación no había registros de los canales y demás cuerpos de aguas a intervenir, por lo que era imposible determinar el costo de los contratos, ya que no se podían establecer las zonas en las que se harían las limpiezas y mantenimientos.
Respecto a los planos y registros topográficos, que fueron realizados por Freddy Rodgers, la Fiscalía precisó que no cumplían las especificaciones técnicas, y que el presunto profesional de la topografía carece de licencia profesional y de diploma que lo acrediten. Para demostrarlo, el investigador afirmó que el Consejo Nacional de Topografía les certificó no tener antecedentes de Rodgers.
Además, los presuntos planos que habrían sido suscritos por este individuo, darían cuenta de unas coordenadas que son atípicas y que, según la experticia, coinciden con el Palacio de Nariño, en Bogotá. Estos planos topográficos fueron aportados en casi todos los contratos.
En las pruebas también hay registros fotográficos idénticos. Un ejemplo de esto es que hay imágenes de la limpieza manual del caño La Jaiba, en el sector de Arroyo Hondo de la Bahía de Barbacoas, una obra que se habría entregado el 24 de mayo de 2016, y la foto que comprueba este trabajo es la misma, pero a escala de blanco y negro, que acredita también el cumplimento de otra obra que se habría entregado el 26 de mayo, correspondiente a la limpieza manual del caño Tucutucu, en el corregimiento de Ararca. Así como este caso hay muchos más.
Es de resaltar que para que Cardique pagara estos contratos, eran necesarios los planos topográficos y fotografías, y todos estos tienen irregularidades.
Empresas fantasmas
La Fiscalía sustentó que las empresas que suscribieron los contratos con Cardique son de papel, y que al buscar información de estas y disponerse a visitarlas, se determinó que casi todas estaban en direcciones falsas, y las que tenían un registro original correspondían a casas abandonadas.
Por otro lado, el organismo acusador llegó hasta una empresa en Carepa (Antioquia), que figuraba como contratista, y empleados de esta manifestaron desconocer algún vínculo con Cardique.
“Les mostramos unas facturas que soportaban la contratación con Cardique, pero ellos aseguraron que estos comprobantes de pago no eran genuinos, porque usaron en el 2016 un logotipo que ni siquiera existía y que corresponde a la marca de la empresa que se renovó en el 2018.
“Además, los empleados dijeron que no reconocen a quien firma las facturas, que no han ejecutado relimpias y que esa labor no la tienen dentro del su objeto social”, puntualizó el fiscal 55.
Los mismos con los mismos
Otro de los argumentos de la Fiscalía es que los oferentes para los contratos, eran siempre las mismas personas jurídicas y que el señor Bernabé Maldonado era el contador de todas las empresas vinculadas.
El ente enfatizó que en los contratos 30 y 31 aparecieron dos interesados: la empresa Funexito (que pertenecía a Maldonado) y el señor Juan Carlos Donado. En el registro 30 la que ganó el contrato fue la empresa Funexito y lo curioso es que al revisar la información aportada por los dos oferentes, hay documentos firmados por Maldonado.
La Fiscalía señaló que la estrategia que utilizaban era que en las licitaciones se presentaban siempre entre seis y siete personas, y que al momento de exponer la propuesta solo quedaban dos. En el caso de que una persona con verdaderas intenciones se postulara, la descartaban en el proceso.
Estas propuestas que eran presentadas tenían el mismo formato y tipografía, eran impresas en los mismo papeles, la redacción era idéntica y las variaciones presupuestales eran de un solo peso, por lo que se deduce que los procesos de contratación estaban viciados.
La Fiscalía estableció que el señor Bernabé Maldonado tiene constituidas tres empresas, y que su esposa tiene otra, todas contratistas de Cardique.
Recibían sin revisar
El fiscal 55 Especializado en delitos para la Corrupción aseguró que los funcionarios de Cardique recibían casi a diario 15 obras que no se habían ejecutado. “Las obras eran entregadas en Cardique, es decir, que las señoras Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de los contratos, no iban hasta los puntos de intervención, a revisar si los contratistas habían cumplido con los procesos de limpieza y mantenimiento en cuerpos de agua. Lo irregular es que recibían a diario hasta 15 obras, todas en municipios bastante distantes (...) Las funcionarias aprobaban, daban visto bueno de labores que ni siquiera se realizaron”, dijo
Medidas de aseguramiento
Anoche, el juez Sexto de Control de Garantías empezó con la audiencia de medidas de aseguramiento. Tras la intervención de la Fiscalía, la audiencia fue suspendida y se retomará el próximo lunes.
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