Han pasado más de 20 días desde que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena revocó la decisión en primera instancia tomada por la juez 17 con funciones de Control de Garantías, Yesenia Bonfante, quien le otorgó en diciembre del 2016 la libertad a cinco personas presuntamente implicadas en irregularidades en la celebración de un contrato celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la fundación Prociencia. (Lea aquí: Fiscalía ordena la captura de cinco personas por contrato del ICBF)
Por solicitud de la Fiscalía y luego de analizar los argumentos del ente acusador, el togado emitió el pasado 30 de enero órdenes de captura en contra de estas personas para que cumplieran con una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.
Se entregaron
Solo hasta ayer en la mañana cuatro de los implicados se entregaron en las instalaciones de la Fiscalía, en Crespo, en compañía de su abogado. Cabe resaltar que la mayoría de estas personas son familiares del concejal Américo Mendoza.
Se trata de Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal de la fundación y procesada por peculado por apropiación y concierto para delinquir; Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera y procesada por peculado por apropiación y concierto para delinquir; Iván Camilo Mendoza Pérez, hijo de la tesorera de la fundación y proveedor, procesado por peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado, y María Camila Mendoza Pérez, hija de la tesorera de la fundación y proveedora, también procesada por peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.
Por su parte, Patricia del Carmen Arnedo Pombo, representante legal de la fundación durante el 2015 y procesada por peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, sigue prófuga de la justicia.
Cabe resaltar que mientras se adelantan las audiencias de acusación, preparatoria y juicio oral ante un juez de conocimiento, estas personas permanecerán recluidas en centros carcelarios.
Del contrato
Según explicó la Fiscalía, los hechos se refieren a presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014, por valor de $7.818.524.064 suscrito por el ICBF y la fundación Prociencia, con el objeto de prestar atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años, y madres gestantes y lactantes en 10 municipios de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.
El ente acusador señaló que se pudo develar, a través de peritajes contables e inspecciones a lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada de $1.500 millones, mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades.
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