“Nos estamos atreviendo a denunciar, lo que no nos atrevíamos a hacer ayer, entonces que los servidores públicos cumplan con la labor que les corresponde para minimizar este tipo de amenazas que le han hecho tanto daño al país”.
Con este argumento William Herrera, representante legal de los consejos comunitarios de Caño del Loro y Tierrabomba, y defensor de los pescadores de la zona insular y la Zona Norte, pide a las autoridades que se tomen en serio las denuncias de los líderes que sienten que su vida peligra por las amenazas que reciben a diario.
Él mismo ha sido víctima, según cuenta, de la desestimación de las intimidaciones en su contra por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que las consideró un riesgo ordinario.
Para evitar casos como el de Wilman y el de cientos de líderes y defensores de derechos humanos que han tenido que abandonar sus luchas y territorios o incluso morir, ante la negligencia del Estado, por exigir lo justo, se pondrá en marcha un plan de acción para garantizar la seguridad de estas personas.
Así lo dio a conocer el procurador General Fernando Carrillo en la audiencia pública que se realizó en la Universidad de Cartagena para atender las peticiones de los defensores de los DD. HH. en Cartagena y Bolívar.
Dicho plan consistirá en hacer cumplir los compromisos del Estado con los líderes e imponer las sanciones disciplinarias que correspondan contra los funcionarios de la UNP, de la fuerza pública y del sistema judicial que no atienden las denuncias de forma eficaz.
Carrillo dijo que “la eliminación de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos es la principal amenaza que existe en Colombia contra la consolidación de la paz y el mayor desafío para el posconflicto”.
Agregó que los funcionarios se convierten en cómplices de quienes siembran el terror en los líderes comunitarios y que incluso los estigmatizan.
Además del plan de acción, a finales de enero se iniciaría un estudio sobre el estado de los derechos humanos de afros, palenqueros y demás poblaciones minoritarias que la Procuraduría General hará con el apoyo de las universidades Javeriana y de Cartagena.
Conflictos de tierra, la causa principal
Tanto William Herrera como el procurador Carrillo coinciden en que la defensa de las tierras que habitan por décadas las minorías y los procesos de consulta previa ante los megaproyectos son unas de las principales causas de persecución contra los líderes.
“La tierra es el origen de los problemas (...) los representantes de los 28 consejos comunitarios que tiene Cartagena han recibido amenazas directas y en Bolívar la situación es más compleja”, manifestó Herrera.
El gobernador Dumek Turbay, quien instaló el evento, señaló que en el sur de Bolívar hay un riesgo mayor contra los líderes por la presencia de bandas criminales como el ‘Clan del Golfo’ y de grupos armados como Eln. “Tenemos que estar muy atentos a estos líderes porque son ellos quienes nos ayudan en la construcción de paz y a mejorar las condiciones de vida de los bolivarenses”.
Turbay añadió que la Gobernación está comprometida, no solo con la seguridad de los líderes, sino con los proyectos que estructuran para sus comunidades por lo que se dispondrán de recursos para desarrollarlos.
Llamado a víctimas de Blas de Lezo
El procurador Carrillo aprovechó la audiencia pública para hacer una invitación a las víctimas del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II.
Aseguró que a estas, claramente se les violaron sus derechos laborales y que deben acercarse a la sede de la Procuraduría delegada en Cartagena para que se inicien los procesos necesarios.
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