Por fin los estudiantes del Distrito retomaron el calendario escolar, luego de que se pospusiera el regreso a clases una semana para incentivar la matrícula escolar y de la protesta de los vigilantes, que atrasó una semana más las clases en los colegios públicos.
De acuerdo con el reporte que entregaron los rectores y la Secretaría de Educación, los alumnos atendieron la convocatoria y la jornada académica de ayer se realizó con normalidad.
“Esta semana se logró comenzar las actividades escolares en forma normal y a tiempo en todos los colegios, pese al problema de la semana pasada con los vigilantes”, indicó el secretario Jaime Hernández Amín.
John Narváez, presidente del sindicato de vigilantes de colegios públicos, indicó que 700 guardias, aproximadamente, están en las instituciones educativas oficiales de civiles porque su trabajo es voluntario y, teniendo en cuenta que no tienen equipos de dotación, la Policía apoya haciendo rondas constantes.
“Estamos garantizando la normalidad en los colegios para que los niños puedan desarrollar sus clases bajo las condiciones necesarias, al tiempo que buscamos nuestra seguridad laboral para el próximo contrato”, señaló Narváez.
Añadió que hubo compañeros que no se sumaron a esta iniciativa negociada con el Distrito por lo que no están trabajando y esperarán si los convocan para el próximo contrato de vigilancia.
“Los acuerdos los socializamos con nuestros compañeros y con padres de familias en los colegios, para que todos estén enterados de lo que está pasando”, puntualizó.
Contrato sería por $22 mil millones
Según la información oficial, el contrato de vigilancia que incluye el servicio para las oficinas administrativas de la Alcaldía se adjudicaría en los primeros días de marzo.
De acuerdo con la información publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), el presupuesto es de $22 mil millones, con lo que se garantizaría el servicio hasta el 31 de diciembre de este año.
En días pasados, el alcalde (e) Sergio Londoño indicó que el año pasado la vigilancia costó $33 mil millones y el secretario Hernández ha manifestado, en varias ocasiones, que la tendencia es a reducir contratos ‘gordos’ como este para hacer más eficientes los recursos.
Este nuevo contrato, además de ser menos costoso, tendría el objetivo de modernizar la seguridad en las instituciones educativas oficiales con la implementación progresiva de tecnología como cámaras de seguridad y alarmas.
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