Para la Promotora Calle 47 S.A.S., cabeza del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, que se levanta en cercanías al Castillo de San Felipe y que afecta a este Bien de Interés Cultural (BIC), son enormes los perjuicios que ha tenido desde que el pasado 24 de octubre fue suspendida esta obra por orden de una inspectora de Policía, decisión que fue ratificada en diciembre por una juez.
Lucas Tamayo Giraldo, representante de la Promotora, le contó a El Universal que el panorama aún no es claro y que las pérdidas aumentarán debido a que no se sabe por cuánto tiempo más permanecerá paralizado este proyecto.
“Me preocupan los compradores, pues les vendí a 950 familias sus viviendas, lo que equivale en muchos casos a los ahorros de toda una vida. Tenemos 86 desistimientos, 176 personas desempleadas y que estaban contratadas con nosotros de manera directa para este proyecto. Además, se suspendió la contratación con empresas de aquí que nos surtían de materiales”, explicó Tamayo.
“Todo es legal”
Los constructores son enfáticos en que todos los documentos diligenciados y otorgados por diferentes entidades son legales, por lo que están expectantes al fallo en segunda instancia de una juez.
Tamayo Giraldo resaltó que los trámites para el proyecto de Aquarela los vienen haciendo desde abril de 2015, fecha en que fueron hasta el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) para que la entidad certificara que el terreno en donde se iban a levantar los edificios no estaban en la zona de influencia del Castillo de San Felipe, de lo cual obtuvieron respuesta positiva.
Como este es un proyecto de Viviendas de Interés Social, después realizaron un trámite en Corvivienda, que avaló que el lote donde se levantarían los edificios podía ser aceptado para vender apartamentos VIS.
“Con estos vistos buenos fuimos a la Curaduría Urbana No 1, radicamos la licencia en mayo de 2015, hicimos todo el trámite de la licencia y hasta diciembre de 2015 nos otorgan la primera licencia de la torre uno. En septiembre de 2016 nos dan otra licencia para la torre 2. La licencia de las torres 3 y 4 las diligenciamos juntas y la aprobaron en diciembre de 2016 y la de la torre 5 la dieron en marzo de 2017. Este no es un proyecto ilegal y por el contrario está licenciado en debida forma ”, manifestó.
Del cierre
El pasado 24 de octubre, la obra fue suspendida por una inspección de Policía y por el Distrito por no cumplir con varios puntos de las normas urbanísticas y a los pocos días los constructores fueron advertidos de procesos que se adelantaban en juzgados de Cartagena, lo cual les despertó extrañeza.
“Sellan la obra por un motivo ambiental. El Establecimiento Público Ambiental (EPA) dijo que no estaban puestas las polisombras y que no teníamos las varillas emburradas (...) Extrañamente, después del sella miento, nos notifican que está en el Juzgado Décimo de Cartagena interpuesta una acción popular y a los pocos días admiten una acción de nulidad interpuesta por la Procuraduría.
“La acción popular la interpone el Ministerio de Cultura en contra del Distrito, la Secretaría de Planeación, la Curaduría Urbana No 1 y la Promotora Calle 47.
En esta piden una medida cautelar para paralizar las obras y suspender la circular 10 del 2013 porque esta responde a una solicitud de las curadurías para así establecer los requisitos para otorgar licencias para proyectos VIS, ya que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no se habla de esto”, dijo.
Tamayo Giraldo explicó que pasaron varias semanas y el juzgado decretó en diciembre la medida cautelar parcialmente, es decir, que ratificaba la suspensión de las licencias, pero no de la circular.
“Metimos los recursos de respuesta ante este auto y eso está en segunda instancia en el Tribunal Contencioso de Bolívar. Por otro lado, la demanda de acción popular como tal continúa en el juzgado”, añadió.
En cuanto a la acción de nulidad por parte de la Procuraduría, en cabeza de una Procuraduría Delegada en contra de las licencias de construcción en la que piden parar la obras, la respuesta del Juzgado Primero es que no puede suspender las obras porque estas ya estaban paralizadas por una acción popular.
Sin respuesta
Tamayo Giraldo también aseguró que desde el cierre de la obra tomaron los correctivos necesarios y después de esto se notificaron ante el EPA y la inspección de Policía para que hicieran una segunda revisión, pero que hasta el momento no han recibido respuesta.
“El EPA nos dio tres días hábiles para subsanar los motivos de suspensión y después de esto radicamos un documento en esta entidad y en la inspección de Policía para decir que ya cumplimos, pero a la fecha no han respondido. Estamos buscando qué instancia jurídica hay para que una entidad como el EPA nos conteste”, concluyó.
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